Firma la petición

Ayúdanos para que la Secretaría de Energía de México suspenda la realización de la consulta indígena en Unión Hidalgo frente a la escalada de casos de #Covid19 en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

 

Desde hace años, la empresa Électricité de France (EDF) y el Gobierno del estado de Oaxaca, impulsan una consulta indígena que no ha cumplido con los estándares internacionales para que la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo decida sobre la construcción del megaproyecto de energía eólica Gunaa Sicarú en sus tierras.

Con tu firma, puedes alzar la voz en contra de este atropello y exigir junto con la comunidad, que la consulta indígena se suspenda.

¿Qué tienen en común Uganda y Unión Hidalgo?

Aunque Francia adoptó la Ley del Deber de Vigilancia para proteger los derechos humanos y prevenir violaciones resultantes de sus actividades comerciales, defensoras y defensores comunitarios de Uganda y Unión Hidalgo se encuentran en peligro frente a megaproyectos de dos importantes empresas francesas. Esto es inaceptable.

Fotografía: Les Amis de la Terre
Fotografía: Amigos de la Tierra Francia

Han pasado tres años desde la aprobación de la Ley de Deber de Vigilancia y el camino para su implementación ha sido accidentado para las comunidades y los defensores de derechos humanos en el terreno y desde un punto de vista legal.

Las empresas transnacionales juegan un papel importante al perpetrar, contribuir o respaldar violaciones a derechos humanos contra comunidades que defienden el medio ambiente o la tierra frente a proyectos corporativos a gran escala.

Avanzan con sus proyectos a pesar de que las autoridades no garantizan la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas.

Además, influyen en la toma de decisiones de las comunidades sobre sus proyectos:

-Prometen beneficios a miembros de la comunidad, interfiriendo con los mecanismos de participación.

– Generan división y  polarización. 

Para que la Ley del Deber de Vigilancia de Francia desarrolle todo su potencial como mecanismo preventivo, se requiere un enfoque basado  derechos humanos con una perspectiva de género e interseccional. 

La aplicación e implementación de la Ley del Deber de Vigilancia debe tener en cuenta no solo las perspectivas comerciales, sino también la de las personas afectadas. Por lo tanto, nosotros, organizaciones de la sociedad civil hacemos el siguiente llamado:

Unión Hidalgo demanda en París a EDF por violaciones a sus derechos humanos

EDF sería responsable por contribuir a violaciones al consentimiento libre, previo e informado así como por ataques a defensoras y defensores de derechos humanos en la implementación de su proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La demanda solicita la suspensión del proyecto hasta que EDF cumpla su obligación de respetar derechos humanos.

La comunidad tuvo que acudir a instancias extranjeras ante falta de respuesta de la empresa y el gobierno mexicano.

Conferencia de prensa:

EDF Debida diligencia YA!

Defensoras y defensores comunitarios  de Unión Hidalgo exigen la suspensión del proyecto eólico de la transnacional EDF.

Unión Hidalgo

La comunidad agraria de Unión Hidalgo defiende su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales ante la industria eólica que se está asentando en el Istmo de Tehuantepec sin respetar el carácter comunal de la tierra ni los derechos humanos de los pueblos indígenas.

 

Unión Hidalgo pertenece al pueblo indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En 2004, las personas poseedoras de las tierras de esta comunidad firmaron contratos de arrendamiento a título individual con la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A de C.V (DEMEX), filial de la empresa española Renovalia Energy, para la construcción del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.

La firma de estos contratos se llevó a cabo sin respetar el carácter comunal de la tierra, sin información en lengua zapoteca y sin datos sobre las afectaciones que traería el proyecto, como daños a la tierra de cultivo, contaminación de la tierra por los aceites de los aerogeneradores y la disminución de la productividad de su tierra que afecta también la economía local.

 

Con el acompañamiento integral de ProDESC,  en 2013 las y los comuneros de Unión Hidalgo iniciaron una defensa legal de su tierra y demandaron la nulidad de los contratos de arrendamiento. Este proceso legal sigue vigente en el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, en Oaxaca, porque no se ha emitido una sentencia que reconozca las violaciones a los derechos humanos que cometió la empresa contra las y los comuneros, ni se ha ordenado la cancelación de los contratos para la devolución de la tierra.

Mientras, la amenaza de la instalación en Unión Hidalgo de otros parques eólicos a manos de capital extranjero permanece latente, por lo que este 2017 la comunidad tuvo que iniciar un nuevo proceso legal en el Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, contra del otorgamiento de permisos para otras empresas sin una consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.