24 Mar Respuesta de las ONG a la comunicación de EDF sobre el ataque a defensor de Oaxaca en el sitio web del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Las organizaciones que acompañamos las acciones de incidencia y legales de la comunidad de Unión Hidalgo desde 2015, agradecemos al Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, la oportunidad de ampliar la información en su página web sobre la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de la comunidad, y esbozar algunas reflexiones sobre las acciones adecuadas que se esperan de las empresas para respetar los derechos humanos en contextos de violencia.
Si bien celebramos que la empresa haya comunicado el conocimiento del incidente con el defensor Edgar Martín Regalado, queremos enfatizar que es una respuesta insuficiente, ya que la empresa no ha comunicado con detalles de cómo está mitigando concretamente los potenciales impactos negativos sobre los derechos humanos que se derivan del desarrollo de su proyecto Gunaa Sicarú.
Queremos subrayar que el aumento de la violencia sobre el que la empresa manifiesta una delicada preocupación, está relacionado con la presencia de proyectos eólicos a gran escala y la inversión extranjera y nacional en la región, siendo una dinámica constante y creciente en el que las organizaciones de la sociedad civil han destacado una y otra vez en los últimos años. Organizaciones de derechos humanos en México, entre ellas la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura, han alertado desde 2018 y 2019 sobre varios ataques y amenazas graves contra defensores y defensoras de los derechos humanos a la tierra y el territorio en Unión Hidalgo. Dichas agresiones y amenazas tuvieron lugar durante las consultas indígenas sobre el proyecto, pero también en la esfera pública, así como a través de la estigmatización y el discurso incriminatorio en las redes sociales y en medios de comunicación locales. En consecuencia, en 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares y solicitó a las autoridades mexicanas la paralización inmediata del proceso de consulta.
Desde el 13 de octubre de 2020, representantes de Unión Hidalgo, junto con las organizaciones de derechos humanos Proyecto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ProDESC) y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), interpusieron una acción legal en virtud de la ley francesa del deber de vigilancia con el objetivo de evitar que se siga violando el derecho fundamental de la comunidad al consentimiento libre, previo e informado, así como los graves riesgos para la integridad física de sus habitantes en relación con el proyecto eólico de EDF. Mientras esta acción legal sigue en curso, el ataque al defensor Edgar Martín Regalado el 10 de febrero de 2022 robustece la duda sobre las medidas que la empresa dice haber tomado, cuestiona si dichas medidas son suficientes, adecuadas y aplicadas, de acuerdo con su deber de vigilancia.
En otras palabras, la violencia local no es un fenómeno marginal, sino una situación generalizada y sistemática que se observa en torno al desarrollo de los parques eólicos en la región. EDF no ha evitado que se produzcan estas graves violaciones de la integridad física y la seguridad en el desarrollo de su proyecto Gunaa Sicarú: a pesar del contexto de polarización en torno a los parques eólicos y de los riesgos evidentes en torno a su proyecto Gunaa Sicarú, hasta ahora, las medidas de mitigación publicadas por la empresa en su plan de vigilancia son inconcretas y muy insuficientes. Además, la empresa no ha mostrado interés en comprometerse efectivamente con la comunidad en la elaboración del mencionado plan de vigilancia.
Finalmente queremos reiterar que aunque la empresa sostiene en su comunicado que su objetivo es desarrollar proyectos de energía baja en carbono en beneficio de las familias locales del Istmo de Tehuantepec (que actualmente alberga 31 parques eólicos de gran escala), la pobreza energética de Unión Hidalgo y de muchas comunidades istmeñas se mantiene, ya que las poblaciones locales no se han beneficiado de precios de energía más asequibles ni del acceso a fuentes de electricidad fiables y sostenibles. Así, mientras más del 50% de la población de Unión Hidalgo vive en la pobreza y el 11% en la pobreza extrema, los hogares y las pequeñas empresas siguen teniendo un acceso intermitente a la electricidad, así como a la tecnología y a otros aparatos eléctricos.
En este mismo sentido, somos conocedores del compromiso público de la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado en su página web. Sin embargo, queremos señalar que las metas establecidas para el cumplimiento de estos objetivos incluyen acciones contrarias a las prácticas de la empresa en este caso en concreto. Por ejemplo, existe información que indica que la energía eólica generada en la región del Istmo se destina al uso de grandes empresas privadas, en lugar de proporcionar acceso a la energía a la población local. El acceso a la energía ha empeorado incluso debido a la instalación de parques eólicos, que limitan el acceso de la población a formas tradicionales de energía como la recolección de leña.
Ante los recientes atentados, las organizaciones de la sociedad civil insisten en que la empresa debe, de acuerdo con su deber de vigilancia, implementar e informar sobre la efectividad de las medidas para mitigar los riesgos de impactos adversos de sus actividades en la vida de la población de Unión Hidalgo y cumplir, sin simulaciones, con los objetivos de desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.