La comunidad agraria de Unión Hidalgo defiende su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales ante la industria eólica que se está asentando en el Istmo de Tehuantepec sin respetar el carácter comunal de la tierra ni los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Unión Hidalgo pertenece al pueblo indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En 2004, las personas poseedoras de las tierras de esta comunidad firmaron contratos de arrendamiento a título individual con la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A de C.V (DEMEX), filial de la empresa española Renovalia Energy, para la construcción del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
La firma de estos contratos se llevó a cabo sin respetar el carácter comunal de la tierra, sin información en lengua zapoteca y sin datos sobre las afectaciones que traería el proyecto, como daños a la tierra de cultivo, contaminación de la tierra por los aceites de los aerogeneradores y la disminución de la productividad de su tierra que afecta también la economía local.
Con el acompañamiento integral de ProDESC, en 2013 las y los comuneros de Unión Hidalgo iniciaron una defensa legal de su tierra y demandaron la nulidad de los contratos de arrendamiento. Este proceso legal sigue vigente en el Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa, en Oaxaca, porque no se ha emitido una sentencia que reconozca las violaciones a los derechos humanos que cometió la empresa contra las y los comuneros, ni se ha ordenado la cancelación de los contratos para la devolución de la tierra.
Mientras, la amenaza de la instalación en Unión Hidalgo de otros parques eólicos a manos de capital extranjero permanece latente, por lo que este 2017 la comunidad tuvo que iniciar un nuevo proceso legal en el Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, contra del otorgamiento de permisos para otras empresas sin una consulta ni el consentimiento libre, previo e informado.
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Ayúdanos a detener el proyecto eólico Gunaa Sicarú y evitar las diferentes afectaciones que traería el proyecto:
Desde 2014 la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo ha defendido sus derechos ante la empresa transnacional Électricité de France (EDF), que ha buscado la construcción del megaproyecto de energía eólica Gunaa Sicarú.
El gigante energético busca asentarse en el Istmo de Tehuantepec sin respetar los derechos de este pueblo indígena. EDF es responsable de crear un ambiente de violencia en contra de defensoras y defensores de derechos humanos de la región, así como de vulnerar sus derechos humanos, sociales y al medio ambiente de la comunidad.
Con tu firma, puedes alzar la voz en contra del atropello de los Derechos Humanos de la comunidad zapoteca.
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Esta es la historia de lucha y sobrevivencia de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ante el embate de las empresas transnacionales de generación de energía eólica.
Comuneros, palmeros y mujeres en resistencia se enfrentan al despojo de su territorio en nombre de las “energías limpias” y a la invasión de su tierra. Con la instalación de los gigantes de viento impuestos por corporaciones transnacionales, esas que se benefician de la corrupción dispuestas a todo con tal de asentarse en la región; la vida encuentra caminos cada vez más reducidos
La defensa de su territorio comunal, es la propuesta por la vida y el progreso. Una historia en la que ese progreso tiene una cara distinta a la depredación y el saqueo. Esta es la historia de la resistencia contra los que se creen dueños del viento, la marea, la tierra… de la vida.
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Aunque Francia adoptó la Ley del Deber de Vigilancia para proteger los derechos humanos y prevenir violaciones resultantes de sus actividades comerciales, defensoras y defensores comunitarios de Uganda y Unión Hidalgo se encuentran en peligro frente a megaproyectos de dos importantes empresas francesas. Esto es inaceptable.
Las empresas transnacionales juegan un papel importante al perpetrar, contribuir o respaldar violaciones a derechos humanos contra comunidades que defienden el medio ambiente o la tierra frente a proyectos corporativos a gran escala.
Avanzan con sus proyectos a pesar de que las autoridades no garantizan la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas.
Además, influyen en la toma de decisiones de las comunidades sobre sus proyectos: