04 Jun Trabajo forzoso: el reto para México no es tener un marco jurídico, sino hacerlo cumplir
Por: Eduardo Villarreal, *Coordinador de Análisis e Incidencia de ProDESC
Esta semana, la Secretaría de Economía informó que sostendrá un diálogo con autoridades de Estados Unidos sobre las acciones que México ha implementado para cumplir con sus obligaciones en materia de trabajo forzoso derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El anuncio se produce después de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó un amplio informe que evalúa las medidas adoptadas por distintos países para prevenir y sancionar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales.
¿Qué dice el informe sobre México?
La evaluación parte de un reconocimiento importante: México sí cuenta con un instrumento legal que prohíbe la importación de mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Este mecanismo fue establecido en 2023 y representa un avance relevante en el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en el marco del T-MEC.
Sin embargo, el informe identifica un problema de fondo: la existencia de una norma no necesariamente significa que ésta se esté aplicando de manera efectiva.
De acuerdo con la USTR, no existe evidencia pública suficiente que demuestre que México ha implementado acciones concretas y sistemáticas para investigar, prevenir o sancionar la entrada de productos vinculados al trabajo forzoso. Por ello, la evaluación concluye que el país enfrenta importantes desafíos para hacer cumplir esta prohibición en la práctica.
La discusión es relevante porque pone sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de una diferencia comercial entre gobiernos: ¿cómo garantizar que los productos que circulan en los mercados internacionales no provengan de contextos de explotación laboral?
Cuando la evidencia de la sociedad civil llega a la agenda internacional
Uno de los aspectos más significativos del informe es que retoma información y análisis elaborados por organizaciones de la sociedad civil mexicana.
Entre las fuentes citadas se encuentra el Diagnóstico laboral del T-MEC: evidencia, oportunidades y recomendaciones desde el sector social para la revisión del capítulo 23, elaborado por la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales y publicado en marzo de 2025.
Este diagnóstico documentó diversos desafíos en la implementación de las obligaciones laborales asumidas por México, incluidas las relacionadas con la prohibición de las importaciones vinculadas al trabajo forzoso. Entre otros aspectos, identificó la necesidad de fortalecer la transparencia, los mecanismos institucionales de investigación y la coordinación entre las autoridades.
Que estas observaciones aparezcan hoy en un informe internacional confirma la relevancia de fortalecer las capacidades institucionales del Estado mexicano para garantizar que las normas vigentes produzcan resultados efectivos.
Un caso emblemático que sigue avanzando
El informe también señala que el gobierno de México mantiene sólo una investigación activa sobre posibles importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Este señalamiento adquiere especial relevancia porque coincide con la acción impulsada por ProDESC y Empower ante las autoridades mexicanas, desde 2023, para solicitar la investigación de mercancías potencialmente fabricadas con trabajo forzoso.
Recientemente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó atraer el caso por considerar que reviste una trascendencia especial debido a sus implicaciones en materia de derechos humanos, comercio internacional y obligaciones laborales derivadas del T-MEC.
La decisión representa un paso importante en la construcción de precedentes que fortalezcan la aplicación efectiva de esta herramienta jurídica en México.
Una oportunidad para fortalecer la protección de los derechos humanos
El debate abierto por este informe no debería entenderse únicamente en términos comerciales.
El trabajo forzoso constituye una de las formas más graves de explotación laboral y su erradicación requiere instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar estas prácticas de manera efectiva.
México ya cuenta con una base normativa importante, aunque es limitada. El desafío ahora consiste en fortalecer los diversos instrumentos jurídicos, administrativos y operativos que hacen falta y que permitan que esa prohibición funcione de manera transparente, efectiva y verificable.
Más allá de los señalamientos internacionales, el país tiene la oportunidad de demostrar que la protección de los derechos humanos laborales puede convertirse en un elemento central de cadenas de suministro más justas, responsables y sostenibles.
La pregunta ya no es si existe un instrumento legal. La pregunta es si el Estado mexicano está haciendo todo lo necesario para que ese instrumento proteja efectivamente a las personas trabajadoras.