19 Ago Comunidades Mapuche Williche presentan en Noruega una denuncia contra Statkraft bajo la Ley de Transparencia
Descargar fotografías y videos- Se trataría de la primera denuncia presentada por un pueblo indígena de América Latina bajo la Ley de Transparencia noruega.
- El caso pone a prueba los estándares de derechos humanos de Noruega, mientras el mayor generador de energía renovable de Europa enfrenta escrutinio por sus operaciones en territorio indígena.
- Las comunidades indígenas chilenas piden una actuación urgente ante el riesgo de una afectación irreversible derivada de la posible inundación de un territorio de importancia cultural y espiritual.
Oslo / Ciudad de México / Territorio de Pilmayken, 19 de agosto de 2026. Comunidades Mapuche Williche del sur de Chile presentaron una denuncia en Noruega contra Statkraft AS, el mayor productor de energía renovable de Europa, bajo la Ley de Transparencia noruega. La denuncia fue presentada por el Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü, con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y de la Iniciativa para la Justicia Transnacional (IJT).
De acuerdo con los antecedentes públicos disponibles, se trataría de la primera vez que un pueblo indígena de América Latina recurre a la Ley de Transparencia noruega para solicitar la investigación de la actuación de una empresa de ese país.
El Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü es una organización autónoma Mapuche Williche que articula a más de 150 comunidades de la cuenca del río Pilmaiquén y zonas aledañas, en el sur de Chile. Durante más de una década, sus integrantes han defendido su territorio, el agua, los espacios sagrados y sus derechos colectivos frente al desarrollo de proyectos hidroeléctricos a gran escala.
La Ley de Transparencia noruega obliga a las grandes empresas comprendidas por la legislación a realizar procesos de debida diligencia sobre los impactos reales y potenciales en los derechos humanos, incluso en relación con actividades desarrolladas fuera de Noruega. La Autoridad Noruega del Consumidor es responsable de supervisar su cumplimiento.
La denuncia solicita a la Autoridad Noruega del Consumidor que investigue si Statkraft cumplió adecuadamente con sus obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos en relación con la central hidroeléctrica Rucatayo y el proyecto Los Lagos, ambos ubicados en la cuenca del río Pilmaiquén.
Las comunidades plantean preocupaciones respecto del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; los derechos culturales y espirituales; la autodeterminación; la seguridad e integridad de mujeres, niñas, niños y personas defensoras de derechos humanos; así como el riesgo de daños irreversibles derivados de la posible inundación de un territorio de gran importancia cultural y espiritual.
La denuncia pide que la autoridad examine de manera independiente estos antecedentes y determine si la empresa identificó, previno y atendió adecuadamente los riesgos e impactos sobre los derechos humanos vinculados a sus operaciones.
Para el pueblo Mapuche Williche, el río Pilmaiquén es mucho más que un recurso natural. Es un territorio vivo y sagrado, ligado a la memoria ancestral, a las prácticas de sanación, a la vida comunitaria y ceremonial, y a la relación espiritual con el Ngen Mapu Kintuante.
“Esta denuncia no es solo una acción legal; es un llamado a proteger la vida, la memoria y nuestro territorio sagrado. Pedimos a Noruega que escuche nuestra palabra y actúe antes de que el daño sea irreversible”, señaló la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual Mapuche y representante del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü.
El riesgo de que una decisión llegue demasiado tarde
Uno de los principales motivos de urgencia es el eventual llenado del embalse del proyecto Los Lagos.
En la zona prevista para la inundación se han registrado hallazgos arqueológicos y bioantropológicos cuya naturaleza y significado continúan siendo objeto de análisis. Para las comunidades, estos antecedentes refuerzan la necesidad de examinar a fondo los posibles impactos antes de que se produzca una transformación irreversible del territorio.
Por ello, las organizaciones denunciantes solicitaron a la Autoridad Noruega del Consumidor que otorgara prioridad al caso.
Para las comunidades, la cuestión central es el tiempo: una investigación o una eventual reparación pueden llegar demasiado tarde si antes se produce una pérdida irreversible del territorio.
Un caso que conecta Chile y Noruega
Statkraft es propiedad al 100 % del Estado noruego. La denuncia plantea una cuestión que trasciende las fronteras de Chile: cómo se aplican los compromisos de Noruega en materia de derechos humanos cuando empresas de su propiedad desarrollan proyectos en otros países y, en particular, en territorios indígenas.
“Este caso plantea una pregunta fundamental para la transición energética: si los compromisos de los Estados con los derechos humanos se aplican con la misma fuerza cuando sus empresas operan fuera de sus fronteras. La energía renovable no puede considerarse justa si su generación viola los derechos de los pueblos indígenas”, señaló Alejandra Ancheita, directora ejecutiva de ProDESC e IJT.
El caso cuenta en Noruega con la asesoría legal de Knut Hurum, quien anteriormente representó al pueblo Sami en el emblemático caso Fosen —igualmente contra Statkraft—, relacionado con los impactos de proyectos energéticos sobre los derechos indígenas.
Desde esta perspectiva, las comunidades y las organizaciones que las acompañan subrayan que el caso no plantea una oposición a las energías renovables, sino una exigencia de que la transición energética respete los derechos humanos, los territorios indígenas y los mecanismos de consulta y participación efectiva.
Una nueva vía para la justicia transnacional
La denuncia bajo la Ley de Transparencia forma parte de una estrategia más amplia de las comunidades Mapuche Williche para buscar protección y rendición de cuentas más allá de las fronteras nacionales. Esta también incluye acciones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y mecanismos de las Naciones Unidas.
“Lo relevante de esta acción es que lleva al país de origen de la empresa una cuestión que surge de sus operaciones en Chile: si Statkraft identificó y previno adecuadamente los riesgos para los derechos humanos. La justicia transnacional busca precisamente que las fronteras y estructuras corporativas no se conviertan en obstáculos para la rendición de cuentas”, afirmó Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC y oficial legal de la IJT.
Las comunidades solicitan que las autoridades noruegas examinen el caso con prontitud y desde una perspectiva preventiva: cuando existe el riesgo de un daño irreversible, actuar después puede significar actuar demasiado tarde.
Contacto para medios:
Valeria Berumen
Coordinadora de Comunicación Estratégica
ProDESC – Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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