17 Jun Especialistas plantean que la Evaluación Ambiental Estratégica podría convertirse en una herramienta clave para enfrentar los impactos acumulativos de megaproyectos en México
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Ciudad de México, 17 de junio de 2026. Académicos, especialistas en derecho ambiental y personas expertas en política pública participaron en el conversatorio “Evaluación Ambiental Estratégica: fundamentos, retos y viabilidad en México”, convocados por las organizaciones ProDESC y DAN, y realizado en la Universidad Iberoamericana.
Durante el encuentro, las y los panelistas analizaron el potencial de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como herramienta para fortalecer la planeación ambiental en México ante escenarios en los que múltiples proyectos, políticas públicas o actividades económicas generan impactos acumulativos sobre ecosistemas, territorios y comunidades.
A diferencia de los mecanismos tradicionales de evaluación de impacto ambiental, que analizan proyectos de manera individual, la EAE permite identificar de manera preventiva posibles impactos acumulativos, sinérgicos y regionales, así como comparar alternativas de desarrollo antes de definir los planes y programas de gobierno. Este enfoque ha sido adoptado en distintos países para anticipar riesgos ambientales y sociales, reducir conflictos y mejorar la toma de decisiones públicas.
México presenta un alto grado de vulnerabilidad ante los efectos de la crisis climática debido al aumento de la temperatura media global, lo que se refleja en fenómenos hidrometeorológicos extremos, el incremento del nivel del mar y el aumento de la temperatura media. Estos impactos afectan con mayor intensidad a las comunidades en situación de vulnerabilidad, a la biodiversidad y a la disponibilidad hídrica, e implican riesgos significativos para la seguridad alimentaria, la infraestructura estratégica, la salud pública y los sistemas productivos del país.
Las personas participantes coincidieron en que la necesidad de incorporar este tipo de instrumentos se vuelve cada vez más evidente en distintas regiones del país. Casos como la expansión de infraestructura vinculada al gas fósil en el Golfo de California, el crecimiento de actividades agroindustriales en la Península de Yucatán o la concentración de proyectos energéticos e industriales en el Istmo de Oaxaca muestran la importancia de contar con mecanismos que permitan preverlos efectos conjuntos de múltiples intervenciones en un mismo territorio, así como la capacidad de carga de los ecosistemas, a fin de mantener el equilibrio ambiental y prevenir daños ambientales.
La discusión adquiere especial relevancia en el contexto actual, ya que el pasado mes de mayo el Ejecutivo Federal publicó en la Plataforma de Mejora Regulatoria el anteproyecto de nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que contempla la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica al marco jurídico mexicano. Aunque la propuesta aún no ha sido presentada formalmente ante el Congreso de la Unión, su contenido abre una discusión relevante sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de planeación ambiental en el país, así como de clarificar los objetivos y la vocación de las EAE como verdaderos instrumentos de planeación. De avanzar en el proceso legislativo y ser aprobada adecuadamente, México daría un paso importante hacia la adopción de mecanismos de planeación preventiva que ya forman parte de las mejores prácticas internacionales en materia ambiental.
“La Evaluación Ambiental Estratégica no puede entenderse únicamente como una evaluación técnica o ambiental en sentido aislado; debe incorporar una visión ecosistémica, social y de derechos humanos, empezando por el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible”, sostuvo Astrid Puentes, Relatora Especial de la ONU sobre el derecho humano al medio ambiente sano y directora del LabJAC.
“La Evaluación Ambiental Estratégica no sustituye a la Evaluación de Impacto Ambiental; son instrumentos distintos. Mientras la evaluación de impacto revisa proyectos puntuales, la EAE permite analizar desde antes la vocación del territorio, las alternativas posibles y las condiciones bajo las cuales una política, plan o programa podría desarrollarse”, señaló Ana Laura Acuña, académica de la UNAM.
“Uno de los principales desafíos para implementar la Evaluación Ambiental Estratégica en México es institucional: no basta con incorporarla a la ley, se requiere presupuesto, capacidades técnicas y una inversión pública que permita a las autoridades ambientales aplicarla de manera efectiva”, comentó Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro en retiro.
Las experiencias compartidas durante el conversatorio mostraron que la EAE no debe entenderse únicamente como una herramienta técnica, sino también como un instrumento de gobernanza que puede contribuir a una planificación del desarrollo territorial más integral, transparente y participativa. Su aplicación permitiría incorporar, desde etapas tempranas, consideraciones ambientales, sociales, culturales y económicas que con frecuencia quedan fuera de los procesos de evaluación tradicionales.
“La discusión sobre la Evaluación Ambiental Estratégica no es únicamente una cuestión procedimental o técnica; también es una discusión sobre planeación pública, prevención, coordinación institucional, participación y derechos humanos. Su incorporación plantea retos importantes, pero también abre oportunidades para fortalecer la toma de decisiones públicas con incidencia ambiental en el país. Esperamos que este conversatorio contribuya a seguir fortaleciendo el diálogo académico, institucional y social sobre este tema, así como a abrir nuevas oportunidades de reflexión y colaboración hacia adelante”, señaló María Llano, Directora del Programa de Análisis de Políticas Públicas y Legislación.
“México enfrenta cada vez más conflictos derivados de la acumulación de proyectos en un mismo territorio, donde las autoridades responder sólo reactivamente. La pregunta ya no es cómo evaluar una obra, sino cómo evaluar el modelo de desarrollo que se está construyendo en regiones completas del país”, aseguró Guillermo Torres, coordinador legal de ProDESC.
El conversatorio fue organizado por Defensa Ambiental del Noroeste (DAN) y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), con el apoyo académico del Laboratorio por la Justicia Ambiental y Climática de la Universidad Iberoamericana y de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres”.
Contacto de prensa:
Valeria Berumen, Coordinadora de Comunicación Estratégica ProDESC
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