Energía eólica vs. derechos humanos

Ilustración: Katja Gendikova

Este ensayo de Alejandra Ancheita se publicó originalmente en alemán, el 14 de junio de 2022 en el portal taz.

Los pueblos indígenas deben ser incluidos en la lucha contra el calentamiento global… pero, ¿qué pasa? Pierden su sustento cuando se construyen parques eólicos.

La transición energética se ha reconocido como un tema clave para detener la crisis climática, una crisis compleja con muchas caras y dimensiones que no solo afecta la forma de vida de las personas, sino que también pone en riesgo todas las formas de vida en este planeta. Transitar a formas sostenibles de generación de energía es parte de una solución en nuestra búsqueda para detener el cambio climático.

En este contexto de crisis, los pueblos indígenas son actores clave. El Banco Mundial ha indicado que estos pueblos gestionan y protegen el 80% de la biodiversidad que aún existe en el mundo. Además, cuentan con un conocimiento milenario para adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático. Irónicamente, a pesar de estar en la primera línea de defensa del planeta, estos pueblos han sido excluidos de los debates públicos sobre soluciones, y han sido perseguidos, amenazados y agredidos.

Los pueblos indígenas, particularmente en América Latina, enfrentan discriminación y racismo estructural, lo que ha generado situaciones de pobreza y exclusión que se suman a las desigualdades que deben enfrentar. De acuerdo con información del propio Banco Mundial, los pueblos indígenas conforman alrededor del 15% de la población mundial en extrema pobreza a pesar de representar solo el 6% de su población total; su esperanza de vida es hasta 20 años menor que la de los pueblos no indígenas, y carecen de influencia para acceder a la justicia ya otros procesos políticos y de toma de decisiones.

Frente a los impactos negativos del cambio climático, la serie de desventajas antes mencionada lleva a las comunidades indígenas a enfrentar mayores perjuicios.

Esperanza de vida significativamente menor

Hemos atestiguado de estas tendencias en el caso de la comunidad agraria e indígena zapoteca de Unión Hidalgo, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec en México. El Istmo ha sido el principal escenario de la industria eólica en el país. Ya hay decenas de parques eólicos de gran escala en la región, y en la misma Unión Hidalgo hay un parque eólico llamado “Piedra Larga” con 114 aerogeneradores instalados a unos metros de la comunidad.

Los parques eólicos se presentan como alternativas para erradicar la pobreza en la región y como soluciones para la transición energética. Sin embargo, están ubicados en tierras de alta fertilidad que han destruido el modelo de desarrollo de las comunidades, basado en la agricultura y la ganadería. Las corporaciones alegan que solo 2% del total de la tierra se destinará a la generación de electricidad, mientras que el resto de la tierra quedará libre para otros usos.

En realidad, cuando se construyen estos proyectos, las corporaciones cercan sus perímetros con seguridad privada y niegan la entrada a los parques. En el contexto de las comunidades indígenas, podemos afirmar que estos parques eólicos han vulnerado los derechos humanos de estas comunidades, como el consentimiento libre, previo e informado, el acceso a la información ambiental y, sobre todo, a la libre determinación.

En Unión Hidalgo, a once años de la instalación del primer parque, las promesas de desarrollo no solo no se han cumplido, sino que se ha generado un ambiente de inseguridad y violencia. Datos oficiales muestran que 57.6% de la población aún vive en la pobreza, el 35.1% carece de acceso a servicios esenciales en sus hogares, 37.1% vive en condiciones de inseguridad alimentaria y 21.4% no tiene acceso a servicios de salud.

Además, se ha intensificado la violencia comunitaria, alimentada por intereses creados en los proyectos que dividen y confrontan a las comunidades y destruyen el tejido social. Representantes de la empresa ofrecen becas, empleos o promesas de trabajo a cambio de la instalación de los parques eólicos.

Promesas vacías

Las corporaciones hacen estas promesas con la intención de enfrentar a los diferentes grupos en las comunidades del Istmo, a pesar de que las experiencias pasadas muestran que las empresas no cumplen su palabra si se les permite construir sus proyectos.

En 2015, la comunidad de Unión Hidalgo, luego conocer la intención de instalar un nuevo parque eólico en su territorio, buscó el apoyo de ProDESC (la ONG que dirijo) para impedir la construcción de este proyecto.

Después de meses de recopilar información, se descubrió que una subsidiaria mexicana de Électricité de France (EDF), empresa estatal francesa y una de las productoras de energía más grandes del mundo, planeaba construir un parque eólico a gran escala en la comunidad.

Este parque eólico denominado “Gunaa Sicarú” habría cubierto un área de más de 47 kilómetros cuadrados, habría sido el proyecto eólico más grande de América Latina y habría rodeado por completo a la comunidad agraria con aerogeneradores. Sin embargo, la empresa no brindó información clara a la comunidad sobre las características del proyecto y menos aún sobre sus efectos medioambientales y sociales.

Lo que hicimos después fue aplicar un enfoque accidentado pero también vanguardista de la defensa de los derechos humanos, en el que se utilizaron todas las herramientas disponibles en las jurisdicciones mexicanas y transnacionales para defender la tierra y el territorio de Unión Hidalgo. La comunidad, apoyada por ProDESC, también recurrió a medidas no jurisdiccionales como las previstas por las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

En 2021, con el apoyo de ProDESC y las organizaciones alemanas ECCHR, la comunidad de Unión Hidalgo se convirtió en la primera comunidad del continente americano en presentar una demanda en Francia utilizando la innovadora Ley Francesa del Deber de Vigilancia Empresarial.

Luego de cinco años de litigio en los que se evitó con éxito la construcción del parque eólico, la Comisión Federal de Electricidad de México consideró que el proyecto “Gunaa Sicarú” no era técnicamente viable y, por lo tanto, informó que se suspendió la consulta indígena que se había llevado a cabo. Esta fue la primera victoria de una comunidad en un país que mantiene altos niveles de impunidad cuando empresas y corporaciones multinacionales se ven involucradas en violaciones a los derechos humanos.

Derechos humanos en lugar de ganancias

Esta victoria en el caso nos muestra varias reflexiones sobre el tema de la transición energética:

– Los mecanismos voluntarios existentes para responsabilizar a las empresas ante la sociedad por sus impactos en los derechos humanos son insuficientes, y los pocos mecanismos judiciales que existen todavía cuentan con lagunas importantes: quiénes son los jueces apropiados para casos de esta naturaleza, quiénes deben asumir la carga de la prueba, cómo deben las empresas comprometerse adecuadamente con las comunidades y cómo se resuelven los enormes desequilibrios de poder y recursos entre las empresas multinacionales y las comunidades defensoras son algunas de las preguntas clave que deben resolverse por completo para brindar certeza a las comunidades indígenas ubicadas en el Sur Global. Actualmente, la Unión Europea está discutiendo una “Directiva sobre la debida diligencia en sostenibilidad corporativa”. Insto a los compañeros europeos y las ONG de la región a impulsar una regulación que ponga en el centro de la discusión los derechos humanos y no las ganancias.

– La transición energética no debe darse a costa de los derechos de los pueblos indígenas. El caso de Unión Hidalgo demuestra que tenemos que enfrentar el cambio climático sin replicar las prácticas explotadoras y abusivas de las industrias extractivas. Las comunidades indígenas han sufrido durante siglos el despojo de tierras, la explotación laboral y la desigualdad. Sin embargo, son partes interesadas clave en la protección de la Tierra y deberían ser reconocidas por ello.

– Si las comunidades indígenas son primordiales en la defensa de la Tierra, entonces sus modelos de desarrollo también deben estar en el centro de la mesa. Esto también llevaría a discutir, entre muchas otras cosas, la seguridad de la tenencia de la tierra sensible al género para las comunidades rurales en el Sur Global, el fortalecimiento de las estructuras de gobernanza indígena ancestral, la promoción de actividades económicas tradicionales de baja escala y el apoyo a los mecanismos de resiliencia indígena.

– Como resultado de esto, los europeos deberían convertirse en aliados para fomentar estas otras visiones de desarrollo, en lugar de impulsar sus propios modelos en el Sur Global. El cambio climático no retrocederá si construimos enormes parques eólicos y solares dentro de las comunidades indígenas y tribales en el Sur Global.

– En el sistema económico actual, el dinero viaja por los países con suma facilidad. Ahora más que nunca, la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales requiere que las comunidades y las ONGs del Norte Global y del Sur Global lleven a cabo colaboraciones transnacionales genuinas. Estas colaboraciones tienen mayores posibilidades de defender los derechos humanos de las comunidades indígenas y, al hacerlo, evitar daños mayores al medio ambiente.

Enlace al original:
https://taz.de/Klimapolitik-und-Schutz-von-Indigenen/!5857699/