08 Mar DECLARACIÓN CONJUNTA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONVOCADAS POR LA PLATAFORMA LATINOAMERICANA DE LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, DECIMOS SÍ A LA DIRECTIVA EN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA Y DEBIDA DILIGENCIA #CSDDD
Organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de América Latina y el Caribe, convocadas por la Plataforma Latinoamericana sobre Empresas y Derechos Humanos (PLEDH), manifestamos nuestra preocupación por la reciente decisión del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la Unión Europea (COREPER) de no respaldar el texto de compromiso final sobre la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022.
Dicha Directiva, una vez aprobada, contribuirá a la prevención de vulneraciones a los derechos humanos y daños al ambiente por parte de empresas europeas, así como a la protección de poblaciones donde dichas empresas operan.
La CSDDD propuesta tiene como objetivo mejorar el comportamiento sostenible y responsable de las empresas en sus cadenas de suministro. Impone a las grandes empresas de la UE y las empresas no pertenecientes a la UE activas en la Unión, la obligación de adoptar medidas para prevenir, detectar y mitigar cualquier efecto adverso sobre los derechos humanos o el medio ambiente provocado por sus propias operaciones, las operaciones de sus filiales, y las operaciones realizadas por sus socios comerciales. Las grandes empresas tendrán que garantizar además que su modelo de negocio sea compatible con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se aplicarán sanciones y la responsabilidad civil derivada.
Estas nuevas normas implicarán una producción más sostenible de bienes y servicios, mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras, una inversión más sostenible, y mayor transparencia sobre el modo en que se fabrican los productos.
En diciembre de 2023, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional acerca de la Directiva. Sin embargo, para la votación del 28 de febrero, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la Unión Europea no respaldó la directiva. El hecho de que CORPERER no llegue a un compromiso, corre el riesgo de privarnos de un futuro en el que la ley exige que las empresas desempeñen su papel para abordar los urgentes desafíos ambientales y de derechos humanos que enfrentamos a nivel mundial.
Desde la Plataforma Latinoamericana sobre Empresas y Derechos Humanos, hemos constatado el impacto negativo de las empresas extractivas en los derechos humanos y ambientales; la falta de mecanismos de denuncia y de reparación por afectaciones vinculadas a entidades del sector financiero; los problemas sociales y ambientales generados por la agroindustria; la criminalización y persecución de personas defensoras de derechos, principalmente comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; la necesidad de mejorar la rendición de cuenta de las empresas y la implementación de debida diligencia en sus operaciones y cadenas de suministro. En no pocos casos, dichos impactos adversos en derechos humanos en la región son producidos por empresas europeas. La Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe (ALC) son socios ligados por estrechos vínculos económicos y políticos.
La Unión Europea tiene una amplia red de acuerdos con veintisiete de los treinta y tres países de la región. Los vínculos económicos son fuertes: la Unión Europea es el primer inversor en la región, su tercer mayor socio comercial y el mayor contribuyente a la cooperación al desarrollo.
El 7 de junio de 2023, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión adoptaron una Comunicación conjunta titulada «Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe», con el objetivo de reforzar las relaciones y renovar la asociación UE-ALC. El pronunciamiento se centra en seis ámbitos prioritarios: una asociación política renovada; reforzar una agenda comercial común; la estrategia de inversión de la Pasarela Mundial para acelerar unas transiciones ecológica y digital justas, y combatir las desigualdades; aunar fuerzas en pro de la justicia, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia transnacional organizada; trabajar juntos para promover la paz y la seguridad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la ayuda humanitaria; y construir una asociación interpersonal dinámica.
Recientemente, en la tercera Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno UE-CELAC que se celebró en Bruselas los días 17 y 18 de julio de 2023, los dirigentes de la Unión y de la CELAC se comprometieron a renovar e institucionalizar su larga asociación. La cumbre se celebró bajo el lema «Reforzar la asociación birregional para reforzar la paz y el desarrollo sostenible» y se debatió un amplio abanico de temas, entre ellos el refuerzo de la cooperación en foros multilaterales, la paz y la seguridad mundiales, el comercio y la inversión, la lucha contra el cambio climático, la justicia y la seguridad. Al final de la cumbre se adoptó una declaración que fue refrendada por todos los países UE-CELAC excepto uno. Los dirigentes reafirmaron que el fundamento de la asociación UE-CELAC era un compromiso compartido en favor de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, el multilateralismo inclusivo y la cooperación internacional en consonancia con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional.
A la luz de los compromisos adquiridos por la Unión Europea para con los países de América Latina y el Caribe, expresamos nuestra preocupación por la reciente falta de respaldo del Comité de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de UE a dicha Directiva. Consideramos que este revés tiene implicaciones de largo alcance para la responsabilidad y la rendición de cuentas corporativas globales, y la coherencia política y buena fe de la Unión Europea en sus relaciones económicas bilaterales y multilaterales con la región.
El hecho de que el COREPER no haya respaldado el texto de compromiso final sobre la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) descarrila la adopción de esta normativa tan necesaria para abordar las violaciones corporativas en las cadenas de suministro, retrasando y socavando los esfuerzos realizados para el desarrollo de la misma, en el que participaron múltiples organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, entregando insumos e información técnica vital para una ley robusta. Sin la CSDDD, algunas empresas ignorarán su responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones, incluidas sus cadenas de suministro, que comprende a nuestra región.
Esto pone en peligro los crecientes llamados y preocupaciones por una mayor responsabilidad corporativa, la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro, la mitigación de los impactos negativos de las corporaciones y la transparencia y la reducción de riesgos que la propia Unión Europea ha manifestado públicamente. Si el actual estancamiento continúa, esto no sólo pondrá en peligro la realización de estos beneficios críticos sino que también restringirá el progreso significativo hacia un entorno empresarial más sostenible.
Por lo tanto, hacemos un llamado al Consejo de la UE para que supere rápidamente este punto muerto y tome la decisión trascendental de aprobar esta Directiva tan necesaria. Esto contribuirá en gran medida a garantizar la responsabilidad corporativa y una conducta empresarial sostenible. Los beneficios de esta directiva se extienden mucho más allá de la Unión Europea y llegarán a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, mujeres y niñez, y los ecosistemas de todo el mundo, particularmente en el Sur Global. No podemos darnos el lujo de perdernos el positivo efecto dominó que la CSDDD puede tener en América Latina y el Caribe. Las mujeres trabajadoras lo merecen y lo esperan.
Organizaciones de la sociedad civil firmantes:
1. ActionAid, Guatemala
2. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Ecuador
3. Amazon Watch
4. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile
5. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), Perú
6. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Perú
7. Conectas Direitos Humanos, Brasil
8. CooperAcción, Perú
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
10. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Perú
11. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
12. FIMA, Chile
13. Foro Ciudadano de Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
14. Fundación Ecuménica e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Perú
15. Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, Chile
16. Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, México
17. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
18. Grupo de Trabajo de Impactos por Hidrocarburos del Perú
19. Justiça Global, Brasil
20. Observatorio Ciudadano, Chile
21. Oxfam Brasil
22. Oxfam México
23. Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú 5
24. Protection International, oficina para Mesoamérica
25. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), México
26. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Latam
27. Red Muqui, Perú
28. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)
29. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Perú
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA, DECIMOS SÍ A LA DIRECTIVA EN SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA Y DEBIDA DILIGENCIA #CSDDD
Organizaciones de la sociedad civil de diferentes países de América Latina y el Caribe, convocadas por la Plataforma Latinoamericana sobre Empresas y Derechos Humanos (PLEDH), manifestamos nuestra preocupación por la reciente decisión del Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la Unión Europea (COREPER) de no respaldar el texto de compromiso final sobre la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD), propuesta por la Comisión Europea en febrero de 2022.
Dicha Directiva, una vez aprobada, contribuirá a la prevención de vulneraciones a los derechos humanos y daños al ambiente por parte de empresas europeas, así como a la protección de poblaciones donde dichas empresas operan.
La CSDDD propuesta tiene como objetivo mejorar el comportamiento sostenible y responsable de las empresas en sus cadenas de suministro. Impone a las grandes empresas de la UE y las empresas no pertenecientes a la UE activas en la Unión, la obligación de adoptar medidas para prevenir, detectar y mitigar cualquier efecto adverso sobre los derechos humanos o el medio ambiente provocado por sus propias operaciones, las operaciones de sus filiales, y las operaciones realizadas por sus socios comerciales. Las grandes empresas tendrán que garantizar además que su modelo de negocio sea compatible con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. En caso de incumplimiento de estas obligaciones se aplicarán sanciones y la responsabilidad civil derivada.
Estas nuevas normas implicarán una producción más sostenible de bienes y servicios, mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras, una inversión más sostenible, y mayor transparencia sobre el modo en que se fabrican los productos.
En diciembre de 2023, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional acerca de la Directiva. Sin embargo, para la votación del 28 de febrero, el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros ante la Unión Europea no respaldó la directiva. El hecho de que CORPERER no llegue a un compromiso, corre el riesgo de privarnos de un futuro en el que la ley exige que las empresas desempeñen su papel para abordar los urgentes desafíos ambientales y de derechos humanos que enfrentamos a nivel mundial.
Desde la Plataforma Latinoamericana sobre Empresas y Derechos Humanos, hemos constatado el impacto negativo de las empresas extractivas en los derechos humanos y ambientales; la falta de mecanismos de denuncia y de reparación por afectaciones vinculadas a entidades del sector financiero; los problemas sociales y ambientales generados por la agroindustria; la criminalización y persecución de personas defensoras de derechos, principalmente comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; la necesidad de mejorar la rendición de cuenta de las empresas y la implementación de debida diligencia en sus operaciones y cadenas de suministro. En no pocos casos, dichos impactos adversos en derechos humanos en la región son producidos por empresas europeas. La Unión Europea y la región de América Latina y el Caribe (ALC) son socios ligados por estrechos vínculos económicos y políticos.
La Unión Europea tiene una amplia red de acuerdos con veintisiete de los treinta y tres países de la región. Los vínculos económicos son fuertes: la Unión Europea es el primer inversor en la región, su tercer mayor socio comercial y el mayor contribuyente a la cooperación al desarrollo.
El 7 de junio de 2023, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión adoptaron una Comunicación conjunta titulada «Una nueva agenda para las relaciones entre la UE y América Latina y el Caribe», con el objetivo de reforzar las relaciones y renovar la asociación UE-ALC. El pronunciamiento se centra en seis ámbitos prioritarios: una asociación política renovada; reforzar una agenda comercial común; la estrategia de inversión de la Pasarela Mundial para acelerar unas transiciones ecológica y digital justas, y combatir las desigualdades; aunar fuerzas en pro de la justicia, la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia transnacional organizada; trabajar juntos para promover la paz y la seguridad, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la ayuda humanitaria; y construir una asociación interpersonal dinámica.
Recientemente, en la tercera Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno UE-CELAC que se celebró en Bruselas los días 17 y 18 de julio de 2023, los dirigentes de la Unión y de la CELAC se comprometieron a renovar e institucionalizar su larga asociación. La cumbre se celebró bajo el lema «Reforzar la asociación birregional para reforzar la paz y el desarrollo sostenible» y se debatió un amplio abanico de temas, entre ellos el refuerzo de la cooperación en foros multilaterales, la paz y la seguridad mundiales, el comercio y la inversión, la lucha contra el cambio climático, la justicia y la seguridad. Al final de la cumbre se adoptó una declaración que fue refrendada por todos los países UE-CELAC excepto uno. Los dirigentes reafirmaron que el fundamento de la asociación UE-CELAC era un compromiso compartido en favor de la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, el multilateralismo inclusivo y la cooperación internacional en consonancia con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el Derecho internacional.
A la luz de los compromisos adquiridos por la Unión Europea para con los países de América Latina y el Caribe, expresamos nuestra preocupación por la reciente falta de respaldo del Comité de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de UE a dicha Directiva. Consideramos que este revés tiene implicaciones de largo alcance para la responsabilidad y la rendición de cuentas corporativas globales, y la coherencia política y buena fe de la Unión Europea en sus relaciones económicas bilaterales y multilaterales con la región.
El hecho de que el COREPER no haya respaldado el texto de compromiso final sobre la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD) descarrila la adopción de esta normativa tan necesaria para abordar las violaciones corporativas en las cadenas de suministro, retrasando y socavando los esfuerzos realizados para el desarrollo de la misma, en el que participaron múltiples organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, entregando insumos e información técnica vital para una ley robusta. Sin la CSDDD, algunas empresas ignorarán su responsabilidad de identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta de los impactos negativos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones, incluidas sus cadenas de suministro, que comprende a nuestra región.
Esto pone en peligro los crecientes llamados y preocupaciones por una mayor responsabilidad corporativa, la protección de los derechos humanos en las cadenas de suministro, la mitigación de los impactos negativos de las corporaciones y la transparencia y la reducción de riesgos que la propia Unión Europea ha manifestado públicamente. Si el actual estancamiento continúa, esto no sólo pondrá en peligro la realización de estos beneficios críticos sino que también restringirá el progreso significativo hacia un entorno empresarial más sostenible.
Por lo tanto, hacemos un llamado al Consejo de la UE para que supere rápidamente este punto muerto y tome la decisión trascendental de aprobar esta Directiva tan necesaria. Esto contribuirá en gran medida a garantizar la responsabilidad corporativa y una conducta empresarial sostenible. Los beneficios de esta directiva se extienden mucho más allá de la Unión Europea y llegarán a los trabajadores y trabajadoras, las comunidades, mujeres y niñez, y los ecosistemas de todo el mundo, particularmente en el Sur Global. No podemos darnos el lujo de perdernos el positivo efecto dominó que la CSDDD puede tener en América Latina y el Caribe. Las mujeres trabajadoras lo merecen y lo esperan.
Organizaciones de la sociedad civil firmantes:
1. ActionAid, Guatemala
2. Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, Ecuador
3. Amazon Watch
4. Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Chile
5. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD), Perú
6. Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Perú
7. Conectas Direitos Humanos, Brasil
8. CooperAcción, Perú
9. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Perú
10. Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Perú
11. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Perú
12. FIMA, Chile
13. Foro Ciudadano de Justicia y los Derechos Humanos (FOCO)
14. Fundación Ecuménica e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Perú
15. Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas, Chile
16. Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, México
17. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES)
18. Grupo de Trabajo de Impactos por Hidrocarburos del Perú
19. Justiça Global, Brasil
20. Observatorio Ciudadano, Chile
21. Oxfam Brasil
22. Oxfam México
23. Plataforma de Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos de Perú 5
24. Protection International, oficina para Mesoamérica
25. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), México
26. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Latam
27. Red Muqui, Perú
28. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC)
29. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Perú