Criminalización, hostigamiento y amenazas: el caso de la defensora Kenia Hernández

-El 18 de octubre de 2023 se cumplen tres años del injusto encarcelamiento de la defensora de derechos humanos Kenia Herández.

-Organizaciones de México y de distintas partes del mundo exigen su inmediata liberación, ya que la protesta y defensa de los derechos humanos no son un crimen.

La defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván está privada de su libertad desde el año 2020. Con nueve cargos en su contra –entre ellos robo con violencia y ataques a las vías de comunicación–, actualmente se encuentra detenida en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16, en Coatlán del Río, Morelos. Se trata de un penal de máxima seguridad que ha sido señalado por violaciones a derechos humanos, y en el cual se ha sometido a Hernández a tratos inhumanos mientras vive el proceso de criminalización iniciado hace tres años.

Kenia Hernández nació en el municipio de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, y ha dedicado gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, principalmente a favor de los pueblos indígenas, las mujeres y la tierra. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, y fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde febrero de 2019, Kenia y otros integrantes del colectivo que lideraba habían sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio del siguiente año, mientras protestaba pacíficamente por la liberación de presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el Estado de México. Después de su detención, estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, pero fue liberada.

Una segunda detención tuvo lugar el 18 de octubre de 2020, en la caseta de Amozoc, Puebla. De acuerdo con la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, alrededor de 22 elementos de la policía apresaron a Kenia sin una orden judicial, y sin explicación alguna sobre las razones de esa aprehensión.

Sus familiares, abogados y compañeros de lucha no tenían información sobre su paradero, pues fue hasta el día siguiente que se reveló que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Con cargos de robo con violencia contra Autovías Concesionadas Mexiquenses, Kenia fue vinculada a proceso.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una solicitud de prisión preventiva oficiosa el 24 de octubre, pero fue negada por el juez de control. Al día siguiente, se emitió una orden de aprehensión con cargos por ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), y Hernández fue llevada al Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero.

Hasta ahora, a la defensora le han sumado 21 años y 9 meses de condena en prisión debido a dos sentencias, entre las cuales se encuentran cargos fabricados de robo con violencia con uso de arma. La primera sentencia, emitida el 19 de febrero de 2021, incluía 10 años y 6 meses además de una multa por 21,000 pesos mexicanos. La segunda, del 10 de marzo de 2022, fue por 11 años y 3 meses. En total suman nueve cargos en su contra, no sólo en Guerrero y el Estado de México, sino también en Morelos y Guanajuato, con la última investigación notificada el 18 de marzo de 2022.

Actualmente, Kenia Hernández se encuentra detenida dentro del Centro Federal de Readaptación Social Femenil (CEFERESO) No. 16, en Coatlán del Río, Morelos. Durante su estancia en este penal su salud se ha deteriorado como resultado de las pésimas condiciones a que ha sido sometida, tales como aislamiento, restricciones para acceder a consultas médicas y agua potable, limitaciones en la comunicación con sus familiares y representantes jurídicos, control sobre su correspondencia, por mencionar las más graves.

Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos en México y en varias partes del mundo han iniciado campañas para exigir la liberación inmediata de Kenia Hernández, así como para denunciar su sentencia arbitraria y el hostigamiento judicial que vive al estar encarcelada de manera injusta. Estas enuncian que los cargos fabricados en su contra no deberían ser considerados para la sentencia a la que se enfrenta, ya que la defensa de los derechos humanos y la protesta no deben considerarse un delito.

Texto:  Daniela Meouchi