17 Ago ¿La crisis del examen de la UNAM profundiza la desigualdad en el acceso a la educación?
Por Eduardo Villarreal*
En México, acceder a una universidad pública de calidad sigue siendo, en la práctica, un privilegio. No porque jurídicamente deba serlo. Desde la reforma constitucional de 2019, la educación superior forma parte del derecho a la educación y la legislación establece que corresponde al Estado avanzar en su garantía. El problema es la distancia entre ese reconocimiento y la posibilidad real de ejercerlo.
Las cifras son elocuentes. De acuerdo con el Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) 2026–2030, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y publicado en abril de 2026, para el ciclo 2024–2025 la tasa bruta de cobertura de educación superior en México fue de apenas 45.1 por ciento. Es un indicador que incluye instituciones públicas y privadas y compara la matrícula de licenciatura y técnico superior con la población de 18 a 22 años; es decir, no significa literalmente que 45 de cada 100 jóvenes tengan garantizado un lugar, pero sí muestra la enorme distancia que todavía separa al país de la universalización. De los 5.5 millones de estudiantes de educación superior, más de 3.4 millones estudian en instituciones públicas.
La desigualdad aparece todavía con mayor claridad cuando preguntamos quiénes logran llegar. Según el mismo PRONES, las personas provenientes del primer decil de ingresos representan solamente 4.4 por ciento de la matrícula de educación superior. En términos territoriales, mientras algunas entidades superan el 50 por ciento de cobertura, Guerrero, Oaxaca y Chiapas ni siquiera alcanzan el 30 por ciento. No estamos, por tanto, ante un derecho ejercido en condiciones de igualdad.
La crisis del examen de ingreso a la UNAM permite observar un problema más amplio de política pública: cuando el acceso a un derecho ya es desigual, una falla institucional tampoco distribuye sus consecuencias de manera igualitaria.
Este año, 158,712 aspirantes presentaron el concurso de selección de ingreso a licenciatura y originalmente se anunció el ingreso de 21,962. Después aparecieron resultados atípicos y cuestionamientos sobre la integridad del primer examen de licenciatura realizado íntegramente en línea. La Universidad suspendió temporalmente las inscripciones, revisó el procedimiento y finalmente convocó a alrededor de 58 mil personas a un examen presencial de control, que se realizará entre el 12 y el 19 de agosto en distintas sedes del país.
Es indispensable esclarecer qué ocurrió, identificar responsabilidades y garantizar un procedimiento confiable. Pero hay una pregunta previa que merece mayor atención: ¿quién termina pagando el costo del error?
Porque repetir un examen no significa lo mismo para todas las personas. Para un aspirante con recursos puede representar ansiedad, reorganizar algunos días y volver a estudiar. Para quien vive lejos de una sede, trabaja, tiene responsabilidades de cuidado, depende del ingreso cotidiano de su familia o ya gastó dinero en preparación y traslados, significa algo distinto. Puede convertirse, sencillamente, en otra barrera.
Así funciona la desigualdad: una misma decisión administrativa produce consecuencias radicalmente diferentes según las condiciones materiales de quien debe enfrentarla.
El derecho a la educación superior no implica que cada persona tenga derecho automático a ocupar un lugar específico en la UNAM. Las instituciones pueden establecer requisitos de ingreso. Pero esos procedimientos deben ser confiables, transparentes y equitativos; y el Estado tiene la obligación de ampliar progresivamente las posibilidades reales de acceso. La propia Ley General de Educación Superior vincula este derecho con los principios de igualdad y no discriminación.
Por eso, la respuesta de la UNAM no debería limitarse a repetir el examen. Hace falta una lógica de reparación: explicar públicamente qué falló; establecer responsabilidades; garantizar mecanismos rápidos de revisión; considerar los costos extraordinarios que la reposición pueda generar para las personas aspirantes, especialmente para quienes viven lejos de las sedes; y adoptar garantías claras de no repetición.
El principio debería ser sencillo: quienes actuaron correctamente no deben quedar en una situación peor como consecuencia de una falla institucional.
Y existe una responsabilidad adicional del gobierno federal. No le corresponde intervenir en las decisiones académicas de una universidad autónoma, como correctamente ha señalado la propia Presidencia. Pero respetar la autonomía de la UNAM no exime al Estado de su responsabilidad respecto del sistema de educación superior.
El propio PRONES establece como meta elevar la cobertura de educación superior a 55 por ciento para 2030, lo que implica crear más de un millón de nuevos espacios. Esa meta requiere presupuesto, nuevas capacidades institucionales, universidades públicas de calidad en los territorios donde hoy la oferta es insuficiente y mecanismos para que quienes no consiguen lugar en una institución puedan encontrar alternativas públicas reales y equivalentes.
La UNAM importa especialmente porque es un referente simbólico de la educación pública mexicana. Para cientos de miles de familias representa la posibilidad de que el ingreso económico no determine por completo el horizonte educativo de sus hijas e hijos. Cuando su puerta de entrada falla, el daño no es solo administrativo: se erosiona la confianza de quienes ya perciben esa puerta como demasiado estrecha.
La señal que deben enviar hoy la UNAM y el Estado mexicano tendría que ser inequívoca: acceder a la educación pública no puede volverse todavía más difícil por errores de las propias instituciones.
El episodio del examen eventualmente pasará. Pero perderíamos una oportunidad si todo terminara simplemente en una nueva prueba y nuevos resultados. El problema de fondo permanecerá intacto: un país en el que la cobertura universitaria apenas alcanza el 45.1 por ciento y en el que el origen social y el territorio siguen condicionando fuertemente quién llega a las aulas.
El verdadero reto no es solo conseguir que el próximo examen funcione. Es lograr que, algún día, estudiar en una buena universidad pública mexicana deje de sentirse como haber ganado un privilegio y comience a vivirse como lo que constitucionalmente ya es: un derecho.
Fuente de los datos sobre educación superior: Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) 2026–2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2026. Consultar el PRONES 2026–2030 en el sitio oficial de la SEP.
* Eduardo Villarreal es Coordinador de Análisis e Incidencia en Políticas Públicas de ProDESC, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado en el ámbito de las políticas públicas. Es profesor en la División de Administración Pública del CIDE y en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y docente y tutor en programas de posgrado de FLACSO México.