Los aranceles de EE. UU. contra el trabajo forzado ponen en el centro de atención un caso judicial histórico en México sobre la aplicación del T-MEC

27 Jul Los aranceles de EE. UU. contra el trabajo forzado ponen en el centro de atención un caso judicial histórico en México sobre la aplicación del T-MEC

• Empower y ProDESC cuestionan la negativa de las autoridades mexicanas a investigar las importaciones de equipos de vigilancia vinculados a Xinjiang, mientras entra en vigor un nuevo arancel estadounidense del 10 % sobre los productos mexicanos.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de julio de 2026 — Una demanda histórica que cuestiona la falta de aplicación efectiva por parte de México de la prohibición del T-MEC sobre las importaciones realizadas con trabajo forzado ha cobrado nueva relevancia después de que Estados Unidos impusiera un arancel del 10 % en virtud de la Sección 301 a la mayoría de los productos mexicanos, alegando deficiencias en la aplicación por parte de México de su prohibición de importaciones relacionadas con el trabajo forzado.

El caso, presentado por ProDESC y Empower después de que las autoridades mexicanas se negaron a investigar las importaciones de equipos de vigilancia vinculados a Xinjiang, busca determinar si México cuenta con un mecanismo viable para identificar e impedir que los productos fabricados total o parcialmente con trabajo forzado ingresen a su mercado y a las cadenas de suministro de América del Norte.

El caso comenzó en 2022, después de que el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras ciudades a lo largo de la frontera norte de México adquirieran equipos de vigilancia con reconocimiento facial fabricados por las empresas chinas Dahua y Hikvision.

Ambas empresas están actualmente prohibidas en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y están vinculadas, a través de sus cadenas de suministro, a fábricas en la región china de Xinjiang, donde se ha documentado ampliamente el uso de trabajo forzado impuesto por el Estado contra minorías étnicas.

En agosto de 2023, Empower presentó una petición ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México —la autoridad encargada de hacer cumplir la ley— solicitando una investigación sobre esas adquisiciones. Sin embargo, la STPS desestimó la petición con el argumento de que el peticionario debía proporcionar información aduanera, a pesar de que dicha información está protegida por la ley y no se puede acceder a ella sin la cooperación de las mismas autoridades que se niegan a investigar.

Tras la desestimación, ProDESC presentó una demanda para obligar a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones en el marco del USMCA. En marzo de 2026, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aceptó conocer el caso, reconociendo su «importancia especial». La decisión del tribunal aún está pendiente, pero si el fallo es desfavorable, es probable que el caso se remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Hasta la fecha, este es el único caso de dominio público en México que pone a prueba directamente si el gobierno federal cuenta con algún mecanismo efectivo para identificar y detener la importación de productos fabricados con trabajo forzado.

Las transcripciones de las audiencias recientes revisadas por ProDESC y Empower indican que actualmente se están investigando un total de dos casos que involucran a tres empresas textiles chinas y una empresa siderúrgica india, en el marco del mecanismo de trabajo forzado del USMCA de México. Sin embargo, no se ha hecho pública ninguna información más allá de la existencia de esos casos. Se han presentado solicitudes de acceso a la información para obtener más detalles y actualmente se está a la espera de una respuesta.

Desde 2022, Estados Unidos ha bloqueado importaciones por un valor de casi 3.94 mil millones de dólares en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de los Uigures (UFLPA), y ha publicado datos de aplicación a nivel de cada envío. En México, por el contrario, la STPS no ha informado públicamente en su sitio web oficial ni una sola importación rechazada bajo una norma equivalente, a pesar de que la obligación contenida en el artículo 23.6 del T-MEC se incorporó a la legislación mexicana en febrero de 2023.

Esa brecha ya se ha convertido en parte del proceso de revisión del T-MEC y el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum debe ahora abordarla de manera efectiva o correr el riesgo de que el país enfrente sanciones.

El 23 de julio, Estados Unidos impuso aranceles a 60 países por no haber impedido que productos fabricados con trabajo forzado ingresaran a sus cadenas de suministro. Un mes antes, Washington ya había propuesto un arancel adicional del 10% específicamente para México por la misma razón.

En este contexto, la presidenta mexicana y su equipo de negociación del T-MEC, encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tienen la oportunidad de tomar la iniciativa en un tema en el que México carece actualmente de una aplicación efectiva de la ley, en lugar de esperar a que Washington ejerza presión.

Con la revisión del T-MEC ya en marcha y el caso de Empower-ProDESC como el precedente legal más avanzado en este tema, se dan las condiciones para que el incumplimiento por parte de México de sus compromisos en materia de trabajo forzado se convierta no solo en un tema de discusión diplomática, sino también en objeto de un escrutinio público sostenido tanto en México como en Estados Unidos.

Acerca de Empower

Fundada en 2013, Empower trabaja para fortalecer a la sociedad civil y mejorar la rendición de cuentas corporativa al cerrar la brecha de información entre los actores de la sociedad civil y las empresas con las que interactúan. Como defensores, organizadores e investigadores, trabajamos para generar impacto social al tiempo que construimos nuevas fuentes de ingresos y un modelo económico democrático y de propiedad de los trabajadores.

Acerca de ProDESC

El Proyecto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), es una organización feminista con una perspectiva interseccional y alcance transnacional. Defiende y promueve los derechos económicos, sociales y culturales a través de un enfoque integral de incidencia que apoya los procesos liderados por las comunidades en tres áreas clave: el derecho a la tierra y al territorio, los derechos laborales y humanos, y el derecho a la defensa de los derechos. Su labor busca fortalecer la justiciabilidad y la exigibilidad de estos derechos con el fin de construir una sociedad justa y equitativa.

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