16 Abr Exigen investigación urgente tras violento ataque durante funeral de defensor de derechos humanos mapuche en Chile y alertan omisión del Estado y actores con influencia en el territorio
Ciudad de México y Pilmaiquén, Chile, 16 de abril de 2026.– Organizaciones de derechos humanos denunciaron hechos graves de violencia ocurridos durante el funeral de Jaime Uribe Montiel, werken (vocero) y defensor de derechos humanos del Pueblo Mapuche Williche, en el cementerio ceremonial de Maihue-Carimallín, al sur de Chile.
De acuerdo con información recabada en el territorio y con evidencia visual, un grupo de personas bloqueó el acceso al cementerio con vehículos y agredió al cortejo fúnebre con objetos contundentes. En registros audiovisuales disponibles se observa el uso de una motosierra contra personas que acompañaban a la comitiva, lo que dejó a múltiples personas heridas, incluidos casos graves. Derivado de estas agresiones, las personas agredidas presentaron las denuncias correspondientes.
Entre las personas en riesgo se encontraba la Machi Millaray Huichalaf, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche Williche, así como familiares, niñas, niños y personas mayores que participaban en el funeral.
A pesar de la violencia, el cortejo logró ingresar al cementerio y realizar el entierro. Varias personas integrantes del cortejo, que además son personas defensoras, refieren haber recibido amenazas de muerte y que les amedrentaron con exhumar el cuerpo de Jaime Uribe y arrojarlo al río.
Violencia previsible que no fue atendida
Las organizaciones subrayan que estos hechos confirman un escenario de escalada de la violencia que ya había sido advertida tanto a las autoridades del Estado chileno como a la empresa Statkraft, con presencia en el territorio.
Sin embargo, no se adoptaron medidas eficaces para prevenir los hechos. Los testimonios señalan que, pese a la presencia de fuerzas de seguridad en la zona, no hubo una intervención oportuna para evitar las agresiones y amenazas, lo cual deberá ser investigado.
Posibles responsabilidades por acción y omisión
Las organizaciones llaman a esclarecer no solo la responsabilidad directa de quienes ejercieron la violencia, sino también las posibles responsabilidades por omisión de las autoridades y de los actores con influencia en el territorio.
En contextos de conflicto social conocidos, los estándares internacionales en materia de derechos humanos establecen la obligación de adoptar medidas para prevenir riesgos predecibles. La falta de acción ante advertencias previas plantea serias preocupaciones respecto del cumplimiento de estas obligaciones.
Asimismo, reiteran que la conflictividad en la zona está asociada a procesos de fragmentación comunitaria que se han intensificado en el contexto de proyectos hidroeléctricos impulsados por Statkraft, situación que deberá evaluarse a la luz de las obligaciones de debida diligencia corporativa en materia de derechos humanos. Statkraft es propiedad del Estado noruego, lo que implica la existencia de obligaciones reforzadas para dicho Estado en materia de derechos humanos, cuyo cumplimiento hasta ahora no se ha analizado.
Exigen investigación, sanción y protección inmediata
Las organizaciones exigen al Estado chileno:
- Una investigación inmediata, independiente e imparcial que identifique y sancione a las personas responsables de las agresiones y amenazas.
- El esclarecimiento del actuar de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar.
- La adopción de medidas urgentes de protección para la Machi Millaray Huichalaf, su familia, las comunidades involucradas y las personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, llaman a garantizar la no repetición de estos hechos y a atender las causas estructurales del conflicto, incluida la falta de certeza jurídica sobre territorios y espacios ceremoniales.
Llamado a la comunidad internacional
Las organizaciones instan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los mecanismos internacionales y a los gobiernos —incluido el de Noruega— a dar seguimiento a estos hechos y a adoptar las medidas necesarias con la urgencia debida.
La violencia ocurrida durante un funeral en un sitio sagrado constituye una grave vulneración de los derechos humanos y culturales. Su impunidad enviaría un mensaje alarmante sobre la protección de las personas defensoras indígenas en contextos de conflicto.