09 Jul Comunidades y organizaciones urgen al Gobierno Federal a realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y emitir una moratoria a la infraestructura de gas fósil en el Golfo de California
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Ciudad de México, 9 de julio de 2025.
Las organizaciones de la sociedad civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), así como el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (CEMDA) y Nuestros Derechos al Futuro y Medio Ambiente Sano, A. C. (Nuestro Futuro), junto con representantes de comunidades pesqueras, prestadoras de servicios turísticos, amas de casa y académicas, entregaron una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra. El objetivo del documento es:
1. Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Golfo de California y las áreas terrestres asociadas.
2. Establecer una moratoria inmediata a todos los proyectos de gas natural licuado (GNL) y gasoductos previstos para la región mientras dicha evaluación no se concluya.
3. Medidas urgentes para la atención de los impactos de proyectos relativos al transporte, distribución y provisión de gas natural licuado en el Golfo de California y áreas terrestres asociadas.
Una Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento de política pública que integra la variable ambiental en la formulación de planes, programas y políticas antes de que se tomen decisiones de gran escala. Permite:
– Analizar impactos acumulativos y sinérgicos de múltiples obras;
– Definir la capacidad de carga de ecosistemas frágiles;
– Garantizar la participación efectiva de las comunidades afectadas;
– Vincular la planeación energética con las metas climáticas del país.
La petición surge ante la creciente amenaza que representan al menos cuatro megaproyectos en la región: la terminal Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa; el gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad); la terminal de GNL “Saguaro Energía” en Puerto Libertad, Sonora; y el gasoducto Corredor Norte. Estos proyectos forman parte de una nueva oleada de infraestructura energética impulsada sin una evaluación integral de sus impactos acumulativos en el ambiente, la economía local y las comunidades.
“La importancia ambiental, económica y cultural del Golfo de California no permite tratarlo como si fuera cualquier territorio. El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de garantizar su protección y evitar impactos graves e irreversibles derivados de proyectos fósiles que contravienen incluso las obligaciones de México en materia de cambio climático. De ahí la necesidad de contar con una evaluación ambiental estratégica de la región”, mencionó Guillermo Torres, Coordinador de Justicia Transnacional de ProDESC.
Las comunidades locales y organizaciones firmantes coinciden en que el desarrollo energético propuesto en el Golfo de California representa una amenaza directa a la integridad ambiental y social de la región. La falta de una visión de largo plazo y de mecanismos adecuados de evaluación ambiental ha permitido el avance de proyectos que ignoran el valor estratégico de este ecosistema y los derechos de quienes lo habitan y dependen de él para su sustento.
“Los potenciales impactos de una terminal de licuefacción de gas fósil, como la que se plantea para Topolobampo, son devastadores para la pesca, para las especies y para las comunidades del Golfo de California. La contaminación al agua, al aire y el tráfico marítimo pesado dentro de un ecosistema delicado como el Golfo de California, no pueden mitigarse. Es una industria incompatible para la región”, alertó Cecilia García, encargada de comunicación de la organización Defensa Ambiental del Noroeste (DAN).
Frente a este escenario, las organizaciones y comunidades exigen una moratoria inmediata con base en los siguientes argumentos:
– Impactos en la calidad del agua y por tráfico marítimo: afectaciones a la vida marina por la introducción de especies invasoras a través del agua de lastre, la descarga de aguas contaminadas, fugas y posibles explosiones, así como cambios físico-químicos en el entorno marino derivados de las actividades de licuefacción y transporte. Además, el incremento en el tránsito de embarcaciones afectaría la conectividad de los hábitats, alteraría el equilibrio de las cadenas tróficas y provocaría el desplazamiento de especies marinas, poniendo en riesgo la biodiversidad del ecosistema.
– Impacto en la calidad del aire: Estos proyectos generarían emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo las etapas de construcción, operación, transporte, fugas, venteo y destino final, así como aquellas asociadas al consumo de electricidad, vapor y calor en las instalaciones de producción de energía. El impacto de emisiones del Gasoducto Sierra Madre, la terminal Saguaro, el gasoducto Corredor Norte y la terminal Vista Pacífico no ha podido ser evaluado adecuadamente, ya sea porque no se cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental o porque dicho documento omite declarar los volúmenes de GEI. Estimaciones científicas independientes, basadas en los escasos datos proporcionados por las empresas promoventes, señalan que se generarían millones de toneladas de CO₂ al año en la región del Golfo de California, lo cual contraviene los compromisos de descarbonización asumidos por México como Estado parte del Acuerdo de París.
– Riesgo para la pesca y las comunidades costeras, al afectar las condiciones de reproducción de especies marinas y generar ruidos y tráfico marítimo intensivo que alejarían a los peces.
El Golfo de California es un ecosistema de alto valor biológico, económico y cultural, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2005. Este entorno alberga:
– 25 Áreas Naturales Protegidas federales, además de múltiples ANP estatales y municipales;
– 29 Sitios Ramsar de humedales de importancia internacional;
– Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICA), sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (WHSRN), Áreas de Importancia para Mamíferos Marinos (IMMA), y Regiones Marinas Prioritarias (RMP) y Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad Marina (SPM).
Asimismo, esta exigencia es respaldada por otras 27 organizaciones y más de 60 personas de las comunidades de Topolobampo, Los Mochis y zonas vecinas se suman como adherentes.
Contactos para prensa:
Valeria Berumen
Oficial de Comunicación, ProDESC
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