Defensoras del territorio: Construyendo alternativas para la seguridad comunitaria y la biodiversidad, una demanda vigente para la COP16.2

24 Feb Defensoras del territorio: Construyendo alternativas para la seguridad comunitaria y la biodiversidad, una demanda vigente para la COP16.2

La COP16 de la Convención sobre la Diversidad Biológica 2024, celebrada recientemente en Cali, Colombia, del 21 de octubre al 1 de noviembre, centró sus discusiones en la implementación del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (KMGBK). Sin embargo, varios proyectos de decisión no fueron considerados en la sesión plenaria final, por lo que aún están pendientes de adopción. En consecuencia, la COP16.2 se reanudará del 25 al 27 de febrero de 2025 en la sede de la FAO, en Roma, Italia, y se enfocará en tres temas clave: la movilización de recursos para la biodiversidad, los métodos para monitorear los avances del KMGBF y el fortalecimiento de la cooperación con organizaciones internacionales.

Aunque estos temas son de gran relevancia, como se destacó en múltiples ocasiones en Cali, resulta urgente y esencial garantizar la seguridad de las comunidades defensoras de la biodiversidad que habitan los territorios. Por ello, consideramos fundamental que en la COP16.2 se retomen las discusiones en torno al rol crucial de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la conservación de la biodiversidad, así como los mecanismos necesarios para proteger sus vidas y derechos territoriales.

La COP16 subrayó la interconexión entre la justicia ambiental y social, destacando la necesidad de proteger y restaurar los ecosistemas clave para frenar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. A su vez, evidenció el incremento de las amenazas que enfrentan estas comunidades. En consonancia con esta reflexión, la Red Latinoamericana de Seguridad Comunitaria (RLSC), integrada por 25 organizaciones, convocó el  28 de octubre del 2024 a un espacio de discusión profunda sobre las causas de esta violencia y las experiencias de seguridad que las mismas comunidades implementan.

El evento paralelo convocado por la Red Latinoamericana de Seguridad Comunitaria y la Iniciativa por la Justicia Transnacional, subrayó la necesidad urgente de proteger tanto a las comunidades defensoras de los territorios como a los ecosistemas que habitan. El evento contó con la participación de representantes de comunidades defensoras de su territorio en Colombia y las organizaciones sociales, Pensamiento y Acción Social (PAS), el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y Earthrights International (ERI).

Se destacó que la conservación de la biodiversidad y la mitigación de la crisis climática dependen, en gran medida, de salvaguardar los derechos y las vidas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas. Estos pueblos, que custodian aproximadamente el 28% de la superficie terrestre global, han sido responsables de conservar ecosistemas esenciales para la biodiversidad. Sin embargo, a pesar de su rol crucial, enfrentan un aumento de violencia que se ve alimentada por la extracción desmedida de bienes comunes y agravada por la crisis climática.

Como información contextual, las convocantes comparten que con base en un estudio de expertos en conservación, líderes indígenas y organizaciones de derechos humanos se revela que el 91% de los territorios indígenas, afro y locales están en buen estado ecológico y abarcan al menos el 36% de las Áreas Claves para la Biodiversidad (ACB) global. Sin embargo, la violencia dirigida contra estas comunidades ha aumentado en países como Colombia, Brasil, Perú y México, donde las agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales son alarmantemente altos. Por esto, el evento también abordó las deficiencias en la implementación de marcos normativos destinados a proteger a las comunidades defensoras de los territorios, lo que perpetúa la impunidad y agrava la crisis.

Bloque I: Responsabilidad de los Estados 

Durante la primera parte del conversatorio, las organizaciones PAS, ProDESC y ERI compartieron sus análisis sobre los riesgos que enfrentan comunidades y territorios con altos niveles de conservación ambiental con base en su experiencia acompañando a diferentes colectivos en Perú, México y Colombia. La reflexión reveló la compleja interrelación entre actores estatales, empresas y grupos ilegales. Este entramado de intereses ha intensificado la explotación de bienes comunes, lo que no solo afecta los ecosistemas, sino que también viola los derechos fundamentales de las comunidades, principalmente al territorio, a la autonomía y la participación. La falta de seguridad jurídica en la tenencia de los territorios, el debilitamiento institucional y el uso de la violencia como herramienta para silenciar la defensa de los derechos humanos son factores que exacerban esta crisis.

Se produjo discusión crucial acerca de la responsabilidad de los estados, quienes deben garantizar la protección efectiva de las comunidades defensoras del territorio y de los ecosistemas. A pesar de la existencia de marcos legales en muchos países, las medidas adoptadas no son adecuadas o su implementación es deficiente, perpetuando la impunidad y permitiendo que los intereses extractivos sigan operando sin restricciones. Las estrategias de criminalización de la protesta y la privatización de la fuerza pública al servicio de intereses empresariales se presentan como un fenómeno estructural que debe ser abordado con urgencia. Por ello, las organizaciones expertas llamaron a avanzar hacia políticas públicas integrales que garanticen un entorno favorable  para la defensa de los derechos humanos, que no sólo respondan a las amenazas inmediatas, sino también aborden las causas subyacentes de la violencia y el despojo, tales como la carencia  de una justicia ambiental robusta y el fortalecimiento de las garantías territoriales para las comunidades.

Particularmente, las organizaciones invitaron a conocer las metodologías de seguridad comunitaria y protección colectiva que desde la RLSC impulsan en los diferentes territorios en los que tiene presencia.

Bloque II: Experiencias de protección colectiva y su contribución a la conservación de la biodiversidad

Durante el segundo momento de este conversatorio, personas defensoras del territorio compartieron experiencias de protección colectiva. Un ejemplo destacado de resistencia y protección territorial es el Consejo Comunitario de la Parte Baja del Río Saija, en el municipio de Timbiquí, Cauca. Este consejo, reconocido formalmente en 2002, ha desarrollado un modelo de gobernanza territorial centrado en la conservación de ecosistemas vitales como manglares, ríos y bosques. La comunidad ha implementado prácticas de uso sostenible que aseguran la disponibilidad de estos bienes comunes para futuras generaciones, aunque enfrenta amenazas crecientes de extracción de bienes comunes y falta de apoyo por parte del Estado.

Un componente esencial del modelo de protección del Consejo Comunitario es el impulso al liderazgo de las mujeres, quienes históricamente han jugado roles clave en la resistencia comunitaria. Actualmente, las mujeres constituyen el 45% de las “palenqueras”, una figura inspirada en modelos de protección propia de los pueblos afrodescendientes. Este enfoque de protección colectiva no solo busca garantizar la seguridad territorial, sino también fortalecer la organización cultural y espiritual de la comunidad.

Durante el evento, el Consejo Comunitario de la Parte Baja del Río Saija hace un llamado a los gobiernos reunidos en la COP16 para priorizar el apoyo a las comunidades que, durante siglos, han trabajado para preservar la biodiversidad. Se necesita un respaldo concreto a estos esfuerzos, a través de recursos económicos y políticas públicas que fortalezcan el sistema de protección y ejercicio de autonomía  territorial.

Por otro lado, en el municipio de Olaya Herrera, Nariño, la Fundación Satinga Joven comparte su experiencia de protección colectiva del territorio tras la llegada de actores armados y cultivos ilícitos que ha incrementado la violencia, generado desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. En respuesta a estas amenazas, las comunidades han reafirmado su compromiso con el retorno a las prácticas ancestrales, con el fin de proteger sus ecosistemas y fortalecer su autonomía territorial. La recuperación de semillas nativas y la promoción de la soberanía alimentaria se han convertido en estrategias clave para la protección territorial. 

Estas experiencias subrayan la capacidad de las comunidades defensoras del territorio para enfrentar las amenazas en sus territorios, mediante prácticas ancestrales, fortalecimiento organizativo y una firme defensa de su territorio, incluso frente a la falta de respaldo institucional de los Estados y la presión extractivista del poder corporativo y de grupos ilegales. 

Es esencial que se reconozca y fortalezca el trabajo de estas comunidades, con el fin de garantizar la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de sus ecosistemas, así como la protección de sus derechos y autonomía territorial.

Llamado a la acción: 

A partir de las reflexiones compartidas durante este evento paralelo a la COP-16, hacemos un enfático llamado a los Estados de la región  y a las organizaciones internacionales que participarán en la COP16.2, del 25 al 27 de febrero de 2025,  a colectivamente repensar y transformar las políticas de protección, el enfoque para el cuidado de los bienes comunes y garantizar los derechos colectivos de las comunidades defensoras del territorio.

Es urgente avanzar hacia la implementación de acciones concretas que se alejen de enfoques reactivos y militaristas, para adoptar alternativas de protección que integren las formas de vida y el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Los riesgos que enfrentan estas comunidades son multidimensionales y exigen un entendimiento integral, basado en la defensa colectiva de la vida, la seguridad y la biodiversidad.

Por lo que instamos a los Estados a:

1. Reconocer la seguridad humana como un derecho colectivo y no como una narrativa vacía, garantizando estructuras de protección robustas, inclusivas y alineadas con las realidades de los territorios.

2. Fortalecer la protección colectiva de las comunidades, priorizando marcos legales que eviten la mercantilización de la naturaleza y los bienes comunes, y que aseguren la conservación basada en las prácticas comunitarias históricas.

3. Establecer marcos vinculantes para empresas que prioricen las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos y la reparación, integrando procesos participativos genuinos con todas las partes interesadas. Políticas como los Planes de Acción Nacional (NAPs) o legislaciones de debida diligencia obligatoria deben asegurar diálogos seguros, inclusivos y culturalmente adecuados con comunidades, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil para garantizar la inclusión de acciones efectivas y evitar procesos de simulación por parte de las empresas. 

4. Redirigir recursos y esfuerzos hacia la implementación de políticas públicas integrales de protección, que aborden no solo las amenazas inmediatas, sino también las causas estructurales de la crisis ambiental y social, como la impunidad, el despojo territorial y la omisión  estatal. Las políticas de protección deben garantizar un entorno propicio que permita a las comunidades defensoras promover y proteger derechos territoriales en condiciones seguras y dignas. 

5. Reconocer y garantizar la autonomía territorial de las comunidades como un pilar fundamental para la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad de los ecosistemas.

Asimismo, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales y a los organismos de cooperación para que orienten su apoyo hacia estrategias de protección colectiva que emanen directamente de las comunidades y sus necesidades. Las políticas y acciones deben estar dirigidas a garantizar el derecho a defender derechos humanos, la vida y la integridad de quienes han dedicado su existencia a preservar la diversidad biológica y cultural de las Áreas Claves para la Biodiversidad (ACB).

Finalmente, recordamos que la conservación de la biodiversidad no puede seguir dependiendo absolutamente de comunidades en territorios aislados y abandonados. Es necesario que los Estados dejen de ser colaboradores de dinámicas extractivas y se conviertan en garantes activos de los derechos de las comunidades y del cuidado del planeta, reconociendo que la defensa de la vida y la naturaleza no son concesiones, sino derechos inalienables de las comunidades.