Exigimos justicia para Higinio y las personas defensoras de la vida en Ayotitlán

Nosotras, organizaciones diversas de defensa de los derechos ambientales y los derechos humanos, denunciamos el asesinato del Sr. Higinio Trinidad de la Cruz, defensor indígena del territorio de la Sierra de Manantlán. Higinio fue primero víctima de desaparición forzada y después víctima de homicidio, siendo encontrado su cuerpo en la ranchería de “Las Marías” en la comunidad indígena de Ayotitlán, en el estado de Jalisco, a la cual pertenecía y defendía.

Higinio fue citado por el Presidente Municipal de Cuautitlán de García Barragán para una reunión el pasado 24 de noviembre. El defensor asistió a la reunión y se le vio entrar a la presidencia municipal, sin embargo, en ningún momento se le vio salir por el ingreso principal. Después de varias horas sin poder ubicarlo, su familia reportó su desaparición a las autoridades que integran el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual era beneficiario desde 2021, así como, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros actores estatales y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El defensor fue hallado sin vida al día siguiente, el 25 de noviembre. Su desaparición forzada y homicidio impacta y afecta no solo a su familia y comunidad, sino a todo  México, que sigue siendo uno de los países más peligrosos para las personas defensoras indígenas que protegen su territorio y el ambiente, con al menos 31 personas defensoras ambientales asesinadas en el 2022.

Higinio fue Consejero del Consejo Estatal Indígena en Jalisco, y gestor de proyectos productivos para la comunidad indígena de Ayotitlán. Defendía su territorio contra la tala y minería ilegales, e impulsó y exigió el respeto y pago justo por la extracción de hierro de la minera Peña Colorada, propiedad de  Ternium y ArcelorMittal. También impulsó juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos de su comunidad. Fue un líder comunal respetado, querido y reconocido. Higinio trabajó en la defensa de la comunidad junto con Celedonio Monroy, lider desaparecido en el 2012.

Higinio venía recibiendo amenazas constantes. En febrero de este año, luego de haber concedido entrevistas a los medios de comunicación sobre la defensa del territorio y de haber estado en contacto con el Mecanismo Federal de Protección, gente armada ingresó a su domicilio y lo amenazó. Para su protección, el Mecanismo Federal cercó su casa con malla ciclónica, medida no idónea.

El 20 de mayo de 2022, Higinio Trinidad de la Cruz y otro defensor de la misma comunidad fueron extraídos de sus domicilios y trasladados a un crucero donde fueron agresivamente interrogados y amenazados. Ambos fueron liberados tras presiones de organizaciones de derechos humanos a autoridades federales y estatales. 

El 11 de julio de 2021 otro defensor de la comunidad fue citado oficialmente por la misma Presidencia Municipal de Cuautitlán de García Barragán. Al llegar, fue secuestrado e interrogado sobre quiénes eran los defensores del territorio, siendo advertido de posibles ataques a quienes defendieron la comunidad.

El 4 de abril de 2021, el defensor J. Santos Isaac Chávez fue encontrado muerto con señales de tortura, tras amenazas y torturas a su familia. Higinio y J. Santos defendían juntos la comunidad.

Las personas defensoras del territorio de Ayotitlán han vivido una rutina de amenazas y violencia, en particular cuando han presentado acciones judiciales que podrían afectar los intereses de la empresa minera y de la minería ilegal que ocurre dentro de la misma concesión. En efecto, todos los autores de una demanda de amparo presentada en 2019 fueron amenazados, y en un caso incluso secuestrado, para forzarlos a desistir de la acción, tras una orden judicial para suspender las actividades mineras. En años anteriores desapariciones, secuestros, amenazas y otros delitos graves han tenido lugar en condiciones similares. 

Las personas defensoras indígenas de la comunidad de Ayotitlán han denunciado en múltiples ocasiones las constantes amenazas y violencia que enfrentan a consecuencia de defender su territorio y medio ambiente, solicitando ser incluidas en el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Debido al grave nivel del riesgo también se solicitaron Medidas Cautelares a la CIDH, las que aún se espera que sean otorgadas. 

Lamentamos que los crímenes cometidos en contra de personas líderes y defensoras de la comunidad permanezcan en la impunidad y que cada día aumente el riesgo al que están sometidas. En apenas 3 años fueron asesinados 3 líderes de esa misma comunidad, sin contar todos los otros delitos.  

La violencia que enfrentan los miembros de la comunidad de Ayotitlán es totalmente inaceptable e indica que el estado Mexicano no ha podido garantizar la protección más básica de los derechos humanos de la comunidad, y en particular el derecho a la vida de sus líderes. Sin embargo, y a pesar de este contexto de serias y sistemáticas violaciones, las operaciones mineras de Peña Colorada siguen sin perturbarse, autorizadas por el mismo estado. 

Los órganos internacionales han reconocido que las actividades extractivas transnacionales no deben tomar lugar en zonas de alto conflicto donde el estado no puede asegurar la protección más básica de las personas afectadas.  En estas zonas las operaciones extractivas a gran escala pueden exacerbar el conflicto y el riesgo para las comunidades afectadas y las personas defensoras.
 

Por lo tanto, exigimos: 

PRIMERO: Que las autoridades responsables realicen la investigación, esclarecimiento y castigo a los responsables por la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, así como la verdad y la justicia.

SEGUNDO: Que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, investiguen y sancionen a las personas responsables por todos los anteriores homicidios, desapariciones y minería ilegal en el territorio de la comunidad de Ayotitlán.

TERCERO: Que el gobierno de la República de México garantice la seguridad integral de las comunidades y personas defensoras de Ayotitlán a través de medidas preventivas incluyendo la  presencia permanente de la Guardia Nacional en la municipalidad de Cuautitlán tal como se ha hecho en otros municipios en Jalisco.

CUARTO: Que el gobierno de la República suspenda las operaciones mineras de Peña Colorada hasta que pueda asegurar la protección y seguridad de los integrantes y personas defensoras de la comunidad de Ayotitlán.      

Firman las siguientes organizaciones: