En el documento se establece que una auténtica diligencia debida depende de una participación significativa de las partes interesadas, que a su vez debe abordar los riesgos de represalias y los ataques a los titulares de derechos y a las personas defensoras de los derechos humanos, así como las limitaciones de sus libertades cívicas. El objetivo de este informe es presionar para que se incluya este punto de vista en el texto legislativo de la Iniciativa del Gobierno Corporativo Sostenible de la UE, incluyendo la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente (mHREDD), que será adoptada por la UE a finales de 2021. Este informe es el resultado de un trabajo conjunto entre el Business & Human Rights Resource Centre, Front Line Defenders, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), con aportes de Global Witness, Natural Justice y CEMSOJ, y el apoyo de la coalición ALLIED, Ford y GIZ.
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