01 Sep T-MEC y Sección 301: dos presiones distintas sobre México que no debemos confundir
Por Eduardo Villarreal / ProDESC*
En los últimos meses, dos procesos distintos han vuelto a situar el trabajo forzoso en el centro de la relación comercial entre México y Estados Unidos: la revisión del T-MEC y el uso, por parte del gobierno estadounidense, de la Sección 301 de su legislación comercial.
Es fácil confundirlos. Ambos pueden involucrar aranceles, condiciones de acceso a mercados, cadenas de suministro y derechos laborales. Pero jurídicamente no son lo mismo, no siguen el mismo procedimiento y tampoco producen las mismas consecuencias.
Entender esa diferencia es importante porque permite mirar más allá de los titulares sobre los nuevos aranceles. Lo que está en juego también es una cuestión de política pública: ¿qué tan capaz es México de impedir que mercancías producidas con trabajo forzoso ingresen a su mercado y a sus cadenas de suministro?
Dos caminos distintos para ejercer presión
Podemos pensar en el T-MEC y la Sección 301 como dos carriles distintos.
En uno de ellos está el T-MEC: un acuerdo negociado entre México, Estados Unidos y Canadá, con obligaciones comunes, instituciones compartidas y procedimientos previamente acordados.
El artículo 34.7 del tratado estableció una revisión conjunta seis años después de su entrada en vigor. Esa revisión se realizó formalmente el 1 de julio de 2026. Estados Unidos decidió entonces no confirmar aún la extensión del tratado en su forma actual. Esto no significa que el T-MEC haya terminado: el acuerdo sigue vigente y, mientras los tres países no acuerden una nueva extensión, se llevarán a cabo revisiones anuales.
En la práctica, este proceso se ha convertido en una negociación más amplia. México y Estados Unidos han sostenido rondas bilaterales sobre temas que van desde la industria automotriz, el acero y el aluminio hasta la agricultura, el comercio digital, las cadenas productivas, la seguridad económica y los asuntos laborales.
En el otro carril está la Sección 301 de la Trade Act de 1974. A diferencia del T-MEC, no es un acuerdo negociado entre países, sino una facultad de la legislación interna de Estados Unidos. Permite al Representante Comercial estadounidense —USTR— investigar actos, políticas o prácticas de otros países que considere injustificables, irrazonables o discriminatorias y que afecten al comercio estadounidense.
A partir de esas investigaciones, Washington puede adoptar unilateralmente medidas comerciales, incluidos aranceles.
La diferencia es fundamental: el T-MEC establece obligaciones negociadas entre tres Estados; la Sección 301 permite a uno de ellos ejercer presión desde su propia legislación.
Jurídicamente son instrumentos distintos. Políticamente, sin embargo, pueden operar al mismo tiempo.
Y hoy ambos se están cruzando alrededor del trabajo forzoso.
El trabajo forzoso es donde ambos caminos se encuentran
El T-MEC incorporó expresamente la prohibición del trabajo forzoso en su capítulo laboral. Su artículo 23.6 establece que México, Estados Unidos y Canadá deben prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil forzoso, y cooperar para identificar este tipo de mercancías.
México desarrolló un procedimiento específico para cumplir con esa obligación mediante un acuerdo publicado en 2023, vigente desde mayo de ese año y posteriormente actualizado en octubre de 2025. En otras palabras, México ya cuenta formalmente con una prohibición para impedir la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
El problema está en su aplicación.
En marzo de 2026, USTR inició investigaciones bajo la Sección 301 contra 60 economías para determinar no sólo si habían establecido prohibiciones contra las importaciones producidas mediante trabajo forzoso, sino si las estaban aplicando eficazmente.
En junio, Estados Unidos concluyó que México se encontraba entre seis economías que sí contaban con una prohibición, pero cuya aplicación consideraba insuficiente.
Aquí hay una distinción fundamental.
La investigación no sostiene que México tenga necesariamente trabajo forzoso en su territorio ni que sus exportaciones a Estados Unidos sean producidas mediante trabajo forzoso. El cuestionamiento es otro: si las instituciones mexicanas son capaces de detectar e impedir que productos elaborados mediante trabajo forzoso en cualquier parte del mundo ingresen al mercado nacional.
Por eso el problema deja de ser exclusivamente laboral.
Implica saber qué ocurre dentro de las cadenas globales de suministro: de dónde provienen los productos y sus componentes, qué información tienen las autoridades, cómo se coordinan las instituciones encargadas del trabajo, el comercio y las aduanas, y qué capacidad existe para investigar mercancías cuando aparecen indicios de trabajo forzoso.
En términos sencillos: tener una prohibición en la ley es solo el primer paso. El verdadero desafío es hacerla efectiva.
El 23 de julio, Estados Unidos convirtió su evaluación en una medida comercial y estableció un arancel adicional del 10 por ciento para México en el marco de la investigación de la Sección 301.
Pero aquí también importa la precisión: eso no significa que todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos estén automáticamente sujetas a un arancel adicional del 10 por ciento. Las mercancías que ingresan libres de arancel conforme a las reglas del T-MEC están exentas de esa medida.
La paradoja ayuda a entender cómo se relacionan ambos instrumentos: Estados Unidos utiliza una herramienta unilateral —la Sección 301— para presionar a México por la aplicación de una obligación que ya existe dentro del T-MEC, mientras que el propio tratado protege de los nuevos aranceles a las mercancías que cumplen con sus reglas.
Tampoco debe confundirse esta discusión con el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, probablemente el instrumento laboral del tratado más conocido en México. Ese mecanismo atiende fundamentalmente a afectaciones a la libertad de asociación y la negociación colectiva en instalaciones específicas.
La prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso responde a otra disposición y tiene un alcance diferente: se centra en las cadenas de suministro transnacionales y obliga a preguntarnos en qué condiciones se producen los bienes que llegan al mercado mexicano.
El verdadero desafío para México está en sus instituciones
Todo indica que ambos procesos continuarán desarrollándose simultáneamente.
Por un lado, la decisión estadounidense de no extender todavía el T-MEC mantiene abierta la discusión sobre su futuro. Jurídicamente, el tratado sigue vigente. Políticamente, las revisiones y negociaciones ofrecen a Estados Unidos un espacio para buscar cambios sustantivos en distintos componentes de la relación comercial.
Por otro lado, la Sección 301 ya produjo una medida concreta y puede seguir funcionando como un instrumento paralelo de presión. Estados Unidos podría modificarla si considera que México mejora la aplicación efectiva de su prohibición contra importaciones producidas mediante trabajo forzoso.
El desafío para México, entonces, parece ser menos normativo que institucional.
El país ya cuenta con una prohibición y con un procedimiento administrativo. La verdadera pregunta es si funcionan.
¿Las autoridades mexicanas tienen información suficiente para identificar mercancías y cadenas de suministro de alto riesgo? ¿Existe coordinación efectiva entre las instituciones laborales, económicas y aduaneras? ¿Hay capacidades técnicas para investigar cadenas productivas que atraviesan distintos países? ¿Existen mecanismos accesibles para que personas trabajadoras, comunidades u organizaciones puedan aportar información o activar una investigación? ¿Las empresas cuentan con obligaciones y controles suficientes para identificar riesgos dentro de sus propias cadenas?
Estas preguntas son relevantes más allá de la disputa comercial con Estados Unidos.
El trabajo forzoso está dejando de ser tratado exclusivamente como un asunto de derechos humanos o de política laboral. Cada vez más se convierte también en un criterio de acceso a mercados, de organización de cadenas de suministro y de política económica.
Y esto plantea un dilema para México.
Cuestionar el carácter unilateral de algunas medidas estadounidenses es legítimo. La utilización de instrumentos nacionales para presionar comercialmente a otros países puede generar incertidumbre y relaciones profundamente asimétricas.
Pero señalar esa asimetría no resuelve las debilidades institucionales internas.
México necesita una estrategia propia frente a ambos escenarios: defender el carácter negociado del T-MEC y, al mismo tiempo, fortalecer sus capacidades nacionales para cumplir con obligaciones que ya asumió y que, sobre todo, responden a una responsabilidad propia en materia de derechos humanos.
Eso exige ir más allá de reaccionar ante el siguiente arancel.
Requiere instituciones capaces de investigar cadenas de suministro; coordinación efectiva entre autoridades; procedimientos transparentes y accesibles; capacidades suficientes para identificar mercancías de riesgo; y mecanismos de debida diligencia y rendición de cuentas que permitan prevenir que productos vinculados con trabajo forzoso ingresen al mercado mexicano.
También requiere una posición pública más clara del gobierno mexicano sobre cómo piensa responder a un escenario en el que las agendas comercial, laboral, de derechos humanos y de seguridad económica están cada vez más interrelacionadas.
El T-MEC proporciona una obligación jurídica común. La Sección 301 añade una herramienta unilateral de presión. Confundirlas impide comprender el nuevo escenario.
Pero distinguirlas tampoco debería llevarnos a perder de vista el problema de fondo.
México puede esperar a que las exigencias sobre trabajo forzoso, cadenas de suministro y acceso a mercados continúen definiéndose desde fuera y responder cada vez que aparezca una nueva presión comercial. O puede construir desde ahora una política pública propia, con instituciones sólidas y una perspectiva de derechos humanos, que haga de la prevención del trabajo forzoso y la rendición de cuentas una decisión de Estado y no simplemente una respuesta reactiva ante las exigencias de sus socios comerciales.
* Eduardo Villarreal es Coordinador de Análisis e Incidencia en Políticas Públicas de ProDESC, organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado en el ámbito de las políticas públicas y la gobernanza. Es profesor en la División de Administración Pública del CIDE y en el Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como docente y tutor en programas de posgrado de FLACSO México.