17 Sep Organizaciones de derechos humanos aportan experiencia del Sur Global a las directrices europeas sobre debida diligencia empresarial
Descargar comunicado– ProDESC y el Business and Human Rights Centre presentan recomendaciones técnicas para que la implementación de la Directiva Europea sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa ponga en el centro los derechos de las personas y comunidades afectadas.
Ciudad de México / Berlín / Londres, 17 de spetiembre, 2026.— El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Business and Human Rights Centre (BHRC) presentaron aportaciones especializadas a la consulta de la Comisión Europea sobre las futuras directrices para implementar la Directiva sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), uno de los principales marcos regulatorios desarrollados en los últimos años para prevenir y atender impactos empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente.
La consulta de la Comisión Europea, realizada entre el 12 de junio y el 14 de agosto de 2026, buscó recabar evidencia y experiencia práctica para definir orientaciones sobre aspectos centrales de la aplicación de la Directiva, entre ellos la identificación y priorización de riesgos, la reparación, la verificación por terceros y la participación de las personas y comunidades potencialmente afectadas.
BHRC coordinó las respuestas a 15 preguntas clave de la consulta junto con nueve organizaciones aliadas internacionales, entre ellas ProDESC, que además presentó una contribución complementaria basada en su experiencia de acompañamiento transnacional desde el Sur Global. Las aportaciones incorporan una perspectiva construida a partir de la experiencia de organizaciones que trabajan directamente con personas trabajadoras, pueblos indígenas, comunidades y personas defensoras de derechos humanos en distintas regiones del mundo.
Garantizar una debida diligencia efectiva
Entre sus principales recomendaciones, las organizaciones advierten que la implementación de la CSDDD debe mantenerse fiel al enfoque de la ley en la acción efectiva y la participación, en lugar de convertirse en un ejercicio formal de cumplimiento basado exclusivamente en auditorías, certificaciones o listas de verificación.
Las aportaciones plantean que la debida diligencia debe partir de los riesgos para las personas, las comunidades y el medio ambiente, y no de criterios de materialidad financiera, facilidad de implementación o conveniencia empresarial. También proponen incorporar un análisis estructural e interseccional capaz de identificar quiénes enfrentan impactos desproporcionados y cómo las relaciones económicas, institucionales y territoriales pueden producir o profundizar dichos impactos.
Desde esta perspectiva, las futuras directrices europeas deberían reconocer explícitamente las condiciones particulares en las que se producen los impactos empresariales en el Sur Global, incluyendo contextos atravesados por desigualdades históricas, despojo, corrupción, impunidad, debilidad institucional o restricciones al espacio cívico.
“La importancia de estas directrices radica en cómo van a traducir las obligaciones de debida diligencia en decisiones concretas para las empresas. Nuestra experiencia acompañando a comunidades, pueblos indígenas y personas trabajadoras nos demuestra que los impactos más graves muchas veces ocurren precisamente donde hay menos información, mayores asimetrías de poder y menores posibilidades de alzar la voz. Las directrices europeas deben impedir que esas condiciones se conviertan en una razón para invisibilizar o relegar los riesgos y, por el contrario, garantizar que la voz y los derechos de las personas afectadas sean el punto de partida de la debida diligencia”, señaló Eduardo Villarreal, coordinador de Análisis e Incidencia de ProDESC.
En materia de priorización de riesgos, las contribuciones reiteran que priorizar significa establecer una secuencia sobre qué problemáticas de derechos humanos y medio ambiente abordar primero, sin posponer indebidamente ni dejar de actuar sobre otros impactos derivados de la actividad empresarial. Las decisiones deben basarse fundamentalmente en la gravedad —escala, alcance y carácter irremediable— y considerar las condiciones estructurales, territoriales e institucionales que hacen que ciertos grupos enfrenten riesgos desproporcionados.
Participación significativa de comunidades y personas trabajadoras
Otro eje central es garantizar una participación significativa, segura y continua de las personas titulares de derechos en todas las etapas de la debida diligencia: identificación y priorización de riesgos, prevención, medidas para poner fin y reparar abusos, así como el seguimiento de su efectividad a largo plazo, aunque las revisiones de Omnibus I han vuelto menos explícitos los requisitos de participación de las partes interesadas respecto de este último aspecto.
Las organizaciones sostienen que la participación no puede reducirse a consultas puntuales ni limitarse a interlocutores designados por las propias empresas. En el caso de los pueblos indígenas, sus instituciones y formas propias de representación deben ser respetadas, y los procesos bajo la CSDDD no pueden sustituir el consentimiento libre, previo e informado cuando este sea aplicable.
Asimismo, las empresas deben crear las condiciones materiales necesarias para una participación efectiva —incluyendo traducción, transporte, cuidados, asesoría jurídica y técnica independiente o mecanismos comunitarios de monitoreo—, respetando la autonomía de las personas representantes y asesoras de las comunidades, así como la independencia de la evidencia presentada por estas.
“Una implementación efectiva de la CSDDD, centrada en las personas titulares de derechos, será clave para que esta pueda desplegar todo su potencial como motor de condiciones realmente equitativas para una debida diligencia genuina, de los cambios necesarios en las prácticas empresariales y de resultados tangibles para las personas trabajadoras y las comunidades a lo largo de las cadenas globales de valor. Si bien advertimos sobre el enfoque de ‘eficiencia de costos’ presente en algunas de las preguntas de la consulta, valoramos la oportunidad de colaborar con ProDESC y otras organizaciones aliadas del Sur Global, y esperamos que la experiencia y los conocimientos de quienes trabajan estrechamente con las personas titulares de derechos desempeñen un papel central en la configuración de la implementación de la CSDDD”, señaló Johannes Blankenbach, del Business and Human Rights Centre.
Reparación y más allá de las auditorías sociales
Las recomendaciones también subrayan que la reparación debe ser adecuada, efectiva, oportuna y construida con las personas afectadas, contemplando medidas tanto individuales como colectivas y atendiendo no solo las consecuencias del daño, sino también sus causas. Esto puede comprender restitución, compensación, rehabilitación, restauración ambiental, satisfacción y garantías de no repetición.
En cuanto a las auditorías y verificaciones externas, las organizaciones advierten del riesgo de que las empresas continúen dependiendo en exceso de ellas, aun cuando la CSDDD exige un enfoque más inteligente, colaborativo y eficaz. Recomiendan mecanismos que garanticen la independencia y la transparencia respecto de los conflictos de interés y las metodologías, así como oportunidades para que las personas trabajadoras, las comunidades y las organizaciones locales cuestionen los resultados de las auditorías sin enfrentar represalias. Asimismo, plantean la necesidad de una debida diligencia genuina que vaya más allá de las auditorías sociales.
Las aportaciones presentadas coinciden en una premisa central: una debida diligencia efectiva debe ir más allá de los procedimientos de cumplimiento y generar cambios en las prácticas empresariales fundamentales que originan o profundizan los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Entre ellas se encuentran las prácticas de compra, los precios, el diseño de proyectos, el financiamiento y otras decisiones corporativas capaces de generar o agravar riesgos, incluso en las cadenas de suministro.
Se espera que la Comisión Europea utilice las contribuciones recibidas durante esta consulta como evidencia para orientar la elaboración de las futuras directrices de implementación de la CSDDD. Estas orientaciones serán relevantes para las empresas sujetas a la Directiva, sus cadenas de valor, las autoridades responsables de supervisarla y las personas y comunidades que buscan hacer valer sus derechos frente a los impactos empresariales.
Sobre ProDESC
El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) es una organización mexicana de derechos humanos con experiencia en el acompañamiento a personas trabajadoras, comunidades y pueblos indígenas frente a impactos relacionados con actividades empresariales, así como en estrategias de justicia transnacional y de debida diligencia en derechos humanos.
Sobre el Business and Human Rights Centre
El Business and Human Rights Centre (BHRC) es una organización global que trabaja en la intersección entre las empresas y los derechos humanos. Junto con organizaciones socias y aliadas de todo el mundo, busca situar los derechos humanos en el centro de la actividad empresarial para contribuir a una economía justa, promover la justicia climática y poner fin a los abusos. Su sitio web es el único centro global de conocimiento especializado en empresas y derechos humanos.
Contacto para medios:
ProDESC: Valeria Berumen Ornelas
comunicacion.estrategica@prodesc.org.mx
Teléfono/WhatsApp: +52 55 1503 2410
Business and Human Rights Centre: Priyanka Mogul
mogul@business-humanrights.org