Defensoras y defensores comunitarios y ONGs exhortan a EDF Group a cumplir con su deber de vigilancia en derechos humanos señalado por la Ley Francesa del Deber de Vigilancia

 

Defensoras y defensores comunitarios y ONGs exhortan a EDF Group a cumplir con su deber de vigilancia en

derechos humanos señalado por la Ley Francesa del Deber de Vigilancia

 

París, Francia. 1 de octubre 2019. Defensoras y defensores comunitarios, representantes comunales de Unión Hidalgo, Oaxaca (México), la organización mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), y la organización con sede en Berlín, Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR)[1], enviaron una carta formal instando a la empresa francesa Électricité de France (EDF) a cumplir con su deber bajo la ley francesa de identificar riesgos de violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en sus operaciones globales, así como a proveer medidas adecuadas para prevenir dichas violaciones. Desde 2011, las y los defensores comunitarios de Unión Hidalgo han defendido activamente sus derechos a la tierra, territorio y bienes naturales ante una serie de violaciones y amenazas relacionadas con proyectos extractivos. Muchos de éstos han sido instalados por empresas transnacionales cuya matriz es europea.

Aunque el objetivo de la instalación de parques eólicos es producir energía “verde” y “limpia”, las violaciones de derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec (región donde se localiza Unión Hidalgo), ha sido sistemática desde el inicio de la instalación de dichos proyectos.

La carta enfatiza la ausencia de identificación de riesgos en derechos humanos, así como de medidas adecuadas en el plan de vigilancia de EDF para prevenir de forma efectiva la violación de derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos identificados se encuentran los de consentimiento previo, libre e informado, defender derechos humanos, así como de acceso a la información y participación pública en procesos de toma de decisión; todos ellos relacionados con el proyecto eólico de EDF denominado “Gunaa Sicarú”.

Este proyecto representa una inversión de $353 millones de dólares estadounidenses en una central eólica que constará de 115 aerogeneradores y sería desarrollada en tierras de la comunidad de Unión Hidalgo.

Las y los peticionarios de la carta lamentan profundamente que el proyecto Gunaa Sicarú se lleve acabo en un contexto adverso que obstaculiza el acceso de la comunidad indígena a su derecho a la libre determinación. La subsidiaria mexicana de EDF, Eólica de Oaxaca, ha sometido a autorización y obtenido varias medidas administrativas. La empresa firmó contratos antes de que la comunidad fuera informada de la existencia del proyecto y pudiera otorgar su consentimiento, tal y como señalan los estándares internacionales de derechos humanos.

Además, la carta resalta que la comunidad de Unión Hidalgo ha sido excluida del proceso de toma de decisiones relacionado con la planeación del proyecto, así como de la elaboración de las evaluaciones de impacto social y ambiental. Las evaluaciones de impacto social y ambiental realizadas por EDF no identifican ni proponen medidas efectivas de prevención y mitigación relacionadas con los impactos acumulativos regionales de este proyecto, a pesar de que ya operan en la región 27 parques eólicos.

Las y los peticionarios están particularmente preocupados por las divisiones que han surgido en la comunidad desde la llegada del proyecto Gunaa Sicarú. A partir del inicio del proceso de consulta indígena, que es obligación del Estado mexicano, los incidentes de seguridad y agresiones se han incrementado. De forma similar, las defensoras y defensores comunitarios de Unión Hidalgo han sido estigmatizados, hostigados, amenazados y criminalizados públicamente por promotores del proyecto Gunaa Sicarú.

La situación ha llevado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a emitir medidas cautelares con el fin de evitar conflictividades y asegurar la vida e integridad de las y los defensores comunitarios. Recientemente, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un llamado urgente, expresando graves preocupaciones por el incremento en el nivel de riesgo para las y los defensores comunitarios en Unión Hidalgo.

Las y los peticionarios están seriamente preocupados puesto que estos riesgos que pesan sobre personas defensoras de derechos humanos reconocidas internacionalmente no han sido efectivamente abordados en el Plan de Vigilancia de EDF. Por esta razón, pidieron formalmente a EDF que cumpla con su propio deber de vigilancia, tal como se establece en la Ley Francesa No. 2017-399 emitida el 27 de marzo de 2017, y para que especifique en su Plan las medidas apropiadas a ser implementadas para prevenir y mitigar los impactos de sus actividades en materia de derechos humanos y medio ambiente, particularmente en México.

Esta es la primera vez que una comunidad indígena mexicana busca el ejercicio de sus derechos en el marco de la Ley del Deber de Vigilancia de Francia. Es, también, la primera acción en el marco de esta Ley que involucra a una compañía cuyo accionista mayoritario es el Estado francés.

ProDESC ha acompañado a la comunidad de Unión Hidalgo mediante acciones de litigo estratégico e incidencia para promover el ejercicio de los derechos de la comunidad a la autodeterminación; a un consentimiento libre, previo e informado; y a la participación pública en asuntos que conciernen al desarrollo y el medio ambiente de su propia comunidad.

El ECCHR ha colaborado con ProDESC para desarrollar litigio estratégico transnacional y análisis legal en relación con el tema de derechos humanos y empresas transnacionales en el Estado de Oaxaca. En 2019, el ECCHR fue entrevistado en su calidad de experto legal por el Punto Nacional de Contacto (PNC) francés, adscrito al Ministerio francés de Economía y Finanzas, luego de que la comunidad de Unión Hidalgo presentara una queja ante el mencionado PNC. Sin embargo, el 29 de julio de 2019 las y los peticionarios anunciaron su salida del procedimiento, después de que un año y medio de mediación no arrojara resultados sustantivos.

 

[1] European Center for Constitutional and Human Rights

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