Nuevo divorcio de ONG con gobierno federal: se retiran del proceso de creación del PNEDH

Por Areli Villalobos y Mathieu Tourliere

Publicado en Proceso. Julio 27, 2017. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Grupo Focal de la sociedad civil que coadyuvó en la creación del Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH) se deslindó del proceso de creación del documento, tras denunciar que la Secretaría de Gobernación (Segob) no cumplió con la inclusión de los estándares mínimos internacionales en la materia.

La decisión significa una muestra más del divorcio entre organizaciones no gubernamentales y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dos meses antes, las organizaciones de la sociedad civil abandonaron la iniciativa Alianza por un Gobierno Abierto (AGA), por el escándalo del ciberespionaje presuntamente operado por el gobierno federal contra periodistas, activistas y políticos, conocido en redes sociales como #GobiernoEspía.

Conformado por nueve organizaciones civiles, el Grupo Focal reveló que el Programa a cargo de la dependencia que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong carece de una tercera parte de los principios rectores que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ello, a ​pesar de las​ cuatro iniciativas que presentaron organizaciones sociales y expertos para la elaboración del documento.

Según representantes del Grupo, la Segob no consideró el principio rector -y básico- número 26, referente a la reparación del daño cuando empresas violan los derechos humanos de personas y comunidades en la ejecución de sus proyectos.

Por ejemplo, mencionaron el caso de las mineras y de proyectos de hidroeléctricas en los que tienen 68 casos registrados de violaciones a derechos humanos en comunidades indígenas.

Los organismos decidieron ya no avalar el documento -cuyo proceso de elaboración comenzó en 2014, luego de la declaratoria de obligatoriedad de la ONU en 2011- porque acusaron que la Secretaría no consultó a los pueblos ni comunidades indígenas ni a la ciudadanía en general.

El Programa ​tampoco ​garantiza la responsabilidad de empresas ​como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las violaciones que se comenten en la ejecución de mega proyectos, refirieron representantes de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Proyecto Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), el Proyecto sobre Organización, Desarrollo Educación e Investigación (PODER) y Oxfam.

En este sentido, el ​Grupo Focal ​explicó ​que desde el 2014 se exigió mayor transparencia en el destino de los recursos públicos utilizados y el que se diera a conocer una ruta de trabajo, pero las autoridades no dieron respuesta. ​

Las organizaciones subrayaron que continuarán con el monitoreo del proceso del proyecto, pero aclararon que no lo avalarán hasta que el contenido “mejore sustancialmente”.

Se estima que el​ instrumento -cuyo objetivo principal era fijar responsabilidades a empresarios respecto a la protección de los derechos humanos en la ejecución de proyectos- esté listo en septiembre próximo. ​

Además, señalaron que el proyecto del PNEDH no obliga las empresas a respetar los derechos humanos ni a publicar en sus páginas de Internet las declaraciones de impacto ambiental y social, no reconoce la figura de los “informantes” y tampoco incluye a las comunidades campesinas en los procesos de consulta.

Resistencia histórica

Sobre la decisión del grupo focal, Alfredo González Reyes, director de Oxfam en México, dijo en entrevista con Apro que las decisiones de la Segob ejemplifican la resistencia gubernamental ​a crear mecanismos eficaces ​de defensa de derechos humanos​. ​

“Nos genera perplejidad, puesto que no estamos sugiriendo cosas para el plan que sean imposibles, que no existan o que se nos hayan ocurrido. Estamos sugiriendo que se incorporen principios internacionalmente aceptados en la materia. No entendemos porqué si están en posibilidad de adaptarlas lo hacen”.

En este sentido, González Reyes agregó que el gobierno mexicano “perdió una oportunidad histórica”, ya que solamente 16 países en el mundo ​y dos en América Latina ​reconocen las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos.

Remarcó que, ​en el programa de la Segob, “así como está”, ​es de cuestionar ​la valoración del Estado mexicano sobre los derechos humanos de su ciudadanía frente a la necesidad e intención de atraer inversión, de mantenerla o de promover la actividad económica.

“El hecho es que el gobierno mexicano no esté esforzándose para alcanzar esos estándares internacionales no es un hecho aislado”, ​remató.​

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