Zonas Económicas Especiales, regresivas para los Derechos Humanos: ProDESC

Publicado en Tres Grados

 Por Rodrigo Islas Brito. Enero 24, 2017. 

“Lo que estamos viendo hoy es una captura corporativa del Estado donde las Instituciones del mismo Estado privilegian los intereses de las empresas transnacionales”.

Elena Villafuerte es integrante del área de justicia transnacional de Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), organización social con casi doce años de existencia que se dedica a la defensa del territorio. Ha definido así el que para ella es el actual panorama de un México que tiene ya en las Zonas Económicas Especiales un motivo de preocupación mayúscula entre gobierno y comunidades indígenas.

ProDESC acompaña a dos comunidades del estado de Oaxaca en sus procesos contra empresas transnacionales. Una en el Istmo, con la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, y la otra en la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, con el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico, que agrupa a 17 comuneros, de los cuales, Guadalupe Ramírez Castellanos es la voz que los representa durante esta entrevista.

“La reforma energética y el paquete de reformas estructurales dieron toda una entrada a la inversión de empresas transnacionales. Como proyectos de minería, hidrocarburos, energía eólica. Estas empresas no solo acceden a una oportunidad de invertir, sino de ocasionar abusos a derechos humanos, poniendo en riesgo la actividad personas defensoras del territorio, sin que haya mayores consecuencias”.

Así lo define Villafuerte, asegurando que tareas de amedrentamiento contra opositores no son llevadas a cabo directamente por la mismas empresas transnacionales, pero que estas sí pagan por seguridad privada, con agentes involucrados en violaciones a derechos humanos y en tareas de hostigamiento , amenazas , intimidación, detenciones arbitrarias, criminalización y plantación de delitos “con opositores a las empresas que han recibido disparos afuera de sus casas y amenazas a familiares”.

La activista considera que las Zonas Económicas Especiales “forman parte de un paquete de reformas que son regresivas para los derechos humanos y el respeto a las comunidades y la libre determinación para que los pueblos indígenas puedan decidir que se hace con su territorio y que tipo de desarrollo quieren”. 

“Las Zonas están imponiendo un modelo de desarrollo, de los que observamos que como tendencia, por lo menos en el Istmo de Tehuantepec, se traduce en despojo para las comunidades y en quitarles fuentes de subsistencia económica”. 

Por su parte, Guadalupe, quien junto con su esposo lleva casi toda su vida dedicándose a trabajar la tierra asegura que en su pueblo “no confiamos tanto en estas zonas económicas. El gobierno siempre nos dice una cosa y hace otra”.

Cuenta que a Unión Hidalgo llego la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos ofreciendo desarrollo y trabajo, cuestiones de las que Castellanos pondera que son “lo que menos hay ahorita” en su pueblo, con un corto periodo tiempo en el que realmente estos Desarrollos ofrecieron trabajo, “si acaso seis meses”.

“Soy gente de campo y por eso conozco muy bien cómo se nos ha afectado la tierra. Las afectaciones vinieron desde el momento de la firma de contratos, contratos hechos a la manera de las empresas, contratos que no sabíamos lo que contenían”.

“Nosotros firmamos los contratos en el 2009 como pequeños propietarios. En el 2012 inauguraron la eólica. Las afectaciones físicas llegaron cuando empezaron a tumbar varios árboles muy grandes de muchos años. Los caminos los descompusieron, fue un gran pleito para que lograran componerlos”.

“Yo me preguntaba entonces donde está la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la cual si tratas de cortar un árbol es capaz de mandarte sanciones económicas muy exageradas. Aquí no pasó nada”.

Guadalupe prosigue con su relato y cuenta que lo peor fue cuando los comuneros empezaron a ver después que los aerogeneradores comenzaron a chorrear aceite, muy dañino para los sembradíos.

“Desde que llegaron las empresas no hemos tenido la misma producción de la tierra. No es cierto como dicen ellos, que después de que llegaron nosotros seguimos teniendo nuestra misma vida agraria y sembrando como siempre, eso es mentira”.

“Ellos para poder poner un aerogenerador abarcan una gran cantidad de tierra, a primera vista parece algo pequeño, pero adentro son cientos y cientos de toneladas de cemento , de varilla , de material. Se lleven media hectárea para poder movilizar sus grúas y sus camiones en la construcción, con una excavación es tan grande que llegan a perjudicar los mantos acuíferos. Nosotros ya no tenemos la misma humedad para poder sostener nuestros cultivos”.

Guadalupe asegura que las de los aerogeneradores no son afectaciones que los agricultores puedan sobrellevar, de las que puedan decir este año nos tocó esto y el próximo año saldremos adelante.

“No, esto ya nos lo implantaron. Teníamos libre acceso a nuestros terrenos de agricultura de sorgo, ahorita ya no. En las entradas han puesto casetas con cadenas y policías. Encerraron todo en un polígono y nuestros terrenos quedaron adentro. Para entrar a ellos tengo que pasar por las casetas e identificarme”.

La entrevistada comenta que hoy el ruido aerogenerador está perjudicando demasiado en Unión Hidalgo, cuenta que un ingeniero del que no quiere dar el nombre pidió a la empresa el número de decibeles que producen sus aerogeneradores y que por su pura petición fue muy acosado 

“En la consulta en Juchitán las mismas empresas dijeron que los aerogeneradores deberían de estar a dos kilómetros de la población, lo aerogeneradores que están en Unión están a 500 metros. ¿Y quién ha dicho algo?”.

“Nadie. Las empresas se sienten fuertes porque saben que el mismo gobierno los protege. Si gritamos fuerte nuestra inconformidad peor nos va. Somos perseguidos, amenazados. Mi esposo y yo sufrimos un asalto el 28 de marzo de 2011, en el tramo de Unión Hidalgo a Juchitán. Yo le aseguró que fueron los golpeadores de la misma empresa. Gente a cualquiera intimidan, que a cualquiera echan para atrás, gente que son nuestros mismos paisanos”.

Se le pregunta a la representante del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico si la intención es que la eólica española se vaya de su pueblo. 

“Debe de haber una solución, se firmaron contratos privados en terrenos comunales. Que están bajo el régimen comunal y que fueron firmados como si fuéramos pequeños propietarios. La necesidad, la ignorancia por no saber que contiene un contrato, la gente firmó y le dijo a la empresa que no tenía dinero para legalizar las escrituras , la empresa hizo todo y nada más les dijo fírmame acá”.

“Ya estamos con una demanda ante un Tribunal Agrario que está en proceso. Aunque luego viendo como el gobierno apoya a las empresas, a veces hasta dudamos”.

Por su parte, Elena Villafuerte sostiene que las Zonas Económicas Especiales y sus proyectos de inversión empresarial serán un pretexto para que las empresas lleguen a los territorios y despojen a las comunidades de sus recursos con un marco legal que se los permita.

“En Juchitán estamos pidiendo que se anule el proceso de consulta porque no cumplió con los estándares internacionales obligatorios para el gobierno mexicano. Hay otra demanda de amparo en la que estamos trabajando por un parque eólico que se construyó también en Juchitán sin consulta indígena previa”.

La activista comenta que esta demanda de amparo en se dio en 2013, cuando el parque eólico todavía estaba en miras de construcción.

“Llevamos cuatro años con un amparo que no se ha resuelto, antes de que el parque estuviera instalado, el cual hoy en día está operando al cien por ciento de su capacidad”.

Sobre si las Zonas Económicas Especiales son realmente ese progreso que el gobierno asegura irremediable, Guadalupe Ramírez Castellanos considera:

“Nos están mintiendo, no puede haber progreso en un lugar donde estamos viviendo tantos atropellos. No vemos ese progreso, no sé dónde lo tienen escondido. Las comunidades con empresas transnacionales trabajando en sus terrenos hoy veo que están peor que antes, con más cantinas, con más inseguridad. La verdad no se dé qué progreso están hablando”. 

 

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