Cómo la empresa Demex falseó contratos con ejidatarios de Unión Hidalgo

Publicado en Somos el Medio

Por Eliana Gilet. Septiembre 28, 2016. 

Eólicas en Juchitán. Foto: Ricardo Ortiz

Los 24 parques eólicos del Istmo están en la misma situación

Unión Hidalgo es un pequeño municipio en el Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, que durante 5 años, entre 2006 y 2011, fue inducido por la empresa Desarrollos Eólicos de México, DEMEX, filial de la multinacional Renovalia Energy a dividir y privatizar la tierra comunal de manera fraudulenta, para poder instalar el parque eólico Piedra Larga.

“En el año 2006, la empresa firmó una serie de contratos por la vía civil con pequeños propietarios que le rentaban sus predios para que instalaran su parque eólico. La empresa se comprometió a pagarles 250 pesos por hectárea al año. Aquellos que tenían parcelas de menos de 4 hectáreas, cobraban mil pesos de renta al año. Por el impuesto predial pagaban más que lo recibían por la renta del campo”, explica Juan Antonio López, abogado e integrante de la organización Proyecto de Derechos Económicos y Sociales (PRODESC), que se acercó a la comunidad en el año 2010, cuando los vecinos se dieron cuenta que los molinos no permitía ninguna convivencia con las otras actividades.

Cuando empezaron a revisar la situación, un detalle saltó a la vista: ¿cómo los contratos estaban hechos con pequeños propietarios cuando la tierra ejidal es comunal? La respuesta fue que la empresa llevó a un notario público que les hizo escrituras individuales a todos, sin que esto haya sido una decisión del comisariado ejidal de la zona, que por otra parte, no se reunía desde 1971.

“Si la empresa quería esas tierras, tenía que acceder a ellas por medio del derecho agrario: llamar a una asamblea de comuneros para que aceptara o rechazara el proyecto. Lo que hizo fue hacer de los comuneros, pequeños propietarios por medio de un notario que la misma empresa pagó y llevó a la comunidad para hacer primero las divisiones y luego los contratos de arrendamiento en la vía civil. Cuando nos pusimos a revisar, los 24 contratos del Istmo, en la zona de Juchitán están hechos de la misma manera”

Los ejidatarios de Unión Hidalgo primero fueron a hablar con la empresa para que anulara la movida, pero ésta rechazó sus argumentos diciendo que los contratos estaban firmados por 30 años y que tenían chance de renovarlos el mismo plazo. Por eso, les platearon dos juicios agrarios en contra de la maniobra amañada, en la sede de Tuxtepec, buscando su nulidad. El caso demuestra también la complicidad, por acción u omisión, del Registro Público de la Propiedad, que valido la movida sin verificar la calidad de la tierra ni los contratos que se estaban firmando .

La sentencia, que se espera con ansias para esta semana, no sólo es importante para esa comunidad, sino el efecto que pueda tener sobre todos los contratos del Istmo. Los de Unión Hidalgo encontraron una veta legal que puede resultar clave para las comunidades organizadas en resistencia a los gigantes blancos.

Este es uno de los casos que Prodesc y otras cien organizaciones civiles presentarán durante esta semana al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando visite México.

Ahora, ¿puede una empresa violar derechos humanos? Eso es lo que las organizaciones y comunidades están tratando de probar, que no son sólo los Estados los que efectivamente lo hacen, como señala la jurisprudencia internacional.

En el informe que le entregarán al Grupo internacional documentaron al menos sesenta casos similares al descrito más arriba, en que las empresas abusaron del poder económico y los vínculos políticos para desembarcan en los territorios. Además de la información de los procesos de resistencia de las comunidades, los de la ONU recibirán información de todas las partes, incluyendo los grandes grupos económicos detrás de las inversiones y megaproyectos: Grupo México, Grupo Higa, Grupo BAL, Bimbo, Goldcorp, TransCanada, Eólica del Sur y CEMEX, así como con las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, con quienes buscarán reunirse.

En los casos documentados en el informe se denuncia el accionar de 99 empresas: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 públicas que además del ataque directo o la intimidación de la gente organizada en contra de sus proyectos, también han violado, sobre todo, el derecho a la información de las comunidades afectadas, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y particularmente, los derechos de los pueblos indígenas.

Desde el año 2011, la ONU empezó a voltear su atención sobre el problema que significa la acción de la empresas para la gente que vive donde ellos pretenden instalarse. El grupo de trabajo surgió como monitor de la aprobación de los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos” que empezó a ejercer presión en los Estados para que niveles un poco la balanza, que hasta ahora, siempre empujan para el mismo lado: actuando en complicidad con las empresas en detrimento de la gente, achicando sus espacios de participación y mucho más de decisión, dificultando el acceso a la justicia y sobre todo, en el caso mexicano, aprobando una serie de reformas estructurales que blindan esta tendencia.

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Boletín ProDESC

Facebook de ProDESC