Ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita continuarán con el proceso legal para defender sus derechos

  • En la sentencia el Tribunal ordenó al ejido pagar a Excellon más de cinco millones de pesos, embargando sus tierras hasta no realizar dicho pago, y violando el derecho humano a la propiedad social y a la tierra.
  • Durante tres años la empresa minera siguió explotando la tierra de las y los ejidatarios sin pagar renta.
  • El Tribunal Unitario Agrario argumenta que no procede el pago de daños a las y los ejidatarios de La Sierrita.

Ciudad de México a 05 de diciembre de 2016. – Tras la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto con sede en Torreón, Coahuila, ejidatarios y ejidatarias de La Sierrita de Galeana en Durango interpusieron el día de hoy un amparo con el objetivo de que se les garantice el derecho de acceso a la justicia.

En días recientes, y luego de cuatro años de incertidumbre, el Tribunal Unitario Agrario emitió una sentencia que establece el término de la relación contractual entre ejidatarias y ejidatarios de La Sierrita y Excellon de México S.A de C.V, por lo que la empresa tendría que hacer entrega inmediata de las mil 100 hectáreas de tierras pertenecientes al ejido. Sin embargo, en la misma sentencia se ordenó al ejido pagar a la empresa la cantidad de $ 5,612,038.00 pesos, manteniendo un embargo sobre las tierras hasta que se realice el mismo.

Por otro lado, el Tribunal Unitario Agrario argumenta que Excellon no deberá pagar a las y los ejidatarios de la Sierrita por los daños que las actividades de la empresa causan a la comunidad y a su tierra.

Al respecto del supuesto cierre de la mina por parte de las y los ejidatarios – hecho por el que la comunidad deberá pagar a la empresa la cantidad antes mencionada-, las pruebas confesionales y testimoniales que ofreció la empresa demuestran que se trató de una manifestación pacífica en una de las entradas de la mina, sin afectar el acceso de las y los trabajadores a la misma.

De acuerdo con Juan Antonio López, abogado y Coordinador del Área de Justicia Transnacional de ProDESC, “el embargo significa una clara violación al artículo 27 de la Constitución. Este artículo reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas”.

“Con la sentencia dictada por el Tribunal se ve en riesgo la propiedad de la tierra. Al condicionar la entrega al pago se está manteniendo un embargo sobre las tierras de uso común que son propiedad del ejido La Sierrita”, agregó Juan Antonio López. En contraste, la empresa continúa explotando la tierra de los ejidatarios y aún debe 3 años de renta.

Excellon de México inició operaciones en el ejido La Sierrita en 2004, utilizando 27 hectáreas por 30 años, haciendo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo.

En 2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa. Fue así que en septiembre de 2012 los ejidatarios de La Sierrita presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera, y que después de cuatro años resolvió privilegiando el beneficio de las empresas trasnacionales por encima de la defensa a los derechos de los mexicanos.

“Lo cierto es que, a la fecha y derivado de la sentencia emitida por el Tribunal, el ejido La Sierrita no ha recibido ni el pago de los daños causados, ni el pago de la compensación pactada en el contrato, dejando con esto a los ejidatarios y ejidatarias en un estado de incertidumbre jurídica”, concluyó el abogado de ProDESC.

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