Discurso de Alejandra Ancheita ante la entrega de reconocimiento del Senado de la República

Buenas tardes a todos y a todas. Principalmente quisiera empezar esta participación agradeciendo a todos los asistentes, senadores y senadoras de manera particular a la senadora Angélica de la Peña de la Comisión de Derechos Humanos quien tuvo tan amable gesto de invitarme a participar con ustedes  en este recinto.

Mi nombre es Alejandra Ancheita, soy abogada y defensora de derechos humanos. Directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organización no gubernamental de 10 años de trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de comunidades indígenas, comunidades ejidales, comunidades de bienes comunales y de colectivos de trabajadores y trabajadoras que han visto afectado sus derechos humanos.

El día de hoy quisiera iniciar dirigiéndome a todos y todas ustedes para hablar sobre la grave situación de violaciones a los derechos humanos que vivimos actualmente en México, la impunidad parece ser el común denominador. Según el reporte del Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 quedan en la impunidad el 93% de los delitos cometidos en México.[1]

Los casos de tortura y desaparición forzada son dos de los problemas más dolorosos y urgentes a atender en el país. Hasta abril de 2014, de acuerdo a información oficial, nadie había sido condenado por algún caso de desaparición forzada cometido después de 2006. El caso de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos y el caso de Tlatlaya ilustran claramente que hay una necesidad apremiante de atender estas problemáticas.

En este sentido, es de vital importancia que el Senado atienda cabalmente todas las problemáticas en materia de derechos humanos que tiene como obligación poner especial atención. En su agenda han tratado 3 temas que quisiera rescatar, por su relevancia para el trabajo que realizamos  en la sociedad civil pero principalmente en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

  • El primero es el tema de la Migración
  • El segundo es la Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Y el tercero es la atención que el propio Senado ha puesto sobre las diversas Reformas estructurales que se han impulsado en los últimos años.

Vemos con interés que desde el Senado el tema de migración, sobre todo en el tema de niños migrantes y la situación de los migrantes centroamericanos ha sido de su interés. Sin embargo, es importante también visibilizar la problemática de los trabajadores temporales, mexicanos y mexicanas que viajan año con año a Estados Unidos con visas H-2A y H-2B.

En este tema ProDESC ha trabajado concretamente con el gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero en el cual también quisiéramos trabajar con el Senado para atender la problemática específica que enfrentan los trabajadores y trabajadoras temporales, principalmente la problemática relacionada con los abusos y fraudes durante el reclutamiento y la violación a sus derechos humanos laborales.

La situación de los trabajadores que laboran en México también requiere principal atención. Como muestra está el reciente caso de los Jornaleros de San Quintín en Baja California. Decenas de miles de jornaleros con condiciones deplorables en derechos humanos y derechos laborales, se han organizado para exigir mejoras de trabajo. Entre las exigencias de su pliego petitorio podemos encuentran:

  • Alto al abuso sexual en contra de las mujeres, mujeres trabajadoras jornaleras.
  • Que a las mujeres embarazadas se les respete seis semanas antes y después del parto.
  • No obligar a las madres a que lleven a sus hijos para que les ayuden con el trabajo.
  • Pago de 300 pesos por jornada laboral de 8 horas y no de 14 horas.
  • Contar con el derecho básico de la seguridad social.
  • Parar las represalias en contra de trabajadores que se reúnan o participan en organizaciones para defender sus derechos.[2]

Sabemos bien que en el Senado, como es muy evidente, comparten el interés por dar atención y solución a esta situación y proponemos que como una primera acción, envíen una misión de observación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado para atender las solicitudes y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras de San Quintín.

En el tema de Protección de Defensores de Derechos Humanos y periodistas, reconocemos sin duda el interés por realizar un trabajo para mejorar el respeto y promover y proteger, así como garantizar los derechos humanos a través del seguimiento que el propio Senado ha dado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

Celebramos que el Senado está visibilizando el riesgo que corren los periodistas y comunicadores así como el respeto de sus derechos civiles y políticos, principalmente el derecho a la libertad de expresión; pero también exhortamos a no perder de vista el riesgo que corren los defensores  y defensores de derechos humanos. De manera particular las mujeres defensoras de derechos humanos corremos  riesgos muy específicos que se tienen que atender de manera integral. Cabe destacar que según la documentación que ha realizado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, sólo en el 2013 se documentaron 242 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos de los cuales el 95% están a la fecha en impunidad.

En lo relativo a las reformas estructurales, observamos también con beneplácito el interés que tiene el Senado de dar atención a los efectos negativos del desarrollo principalmente de proyectos energéticos que no toman en cuenta a las comunidades ni al entorno en donde se pretenden implantar dichos proyectos.

Sin embrago, vemos con preocupación algunos intentos de regresar en la defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un ejemplo muy específico es la Iniciativa de la Ley General de Aguas que desde la perspectiva de las organizaciones de defensa de derechos humanos, carece de varios criterios fundamentales que los derechos humanos establecen, como  al acceso al agua y saneamiento que es uno de los elementos fundamentales para una vida digna. En este proceso es importantísima que se dé la participación de la sociedad civil y como lo recomendó la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se debe incluir un debate público, objetivo, plural e informado, que dé voz y espacio a todas las partes interesadas.

En el mismo tenor, tras la aprobación de la reforma energética, es necesario poner sobre la mesa el tema de la consulta a los pueblos indígenas sobre megaproyectos. ProDESC forma parte de la “Misión de Observación” con la organización PODER, Código DH y brigadas de paz internacional, sobre la consulta que se está revisando actualmente en el istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca para dar cabida a la construcción del Proyecto de la Empresa Eólica del Sur en el municipio de Juchitán.

De acuerdo a los reportes que hemos publicado desde ProDESC, se han identificado graves violaciones a los principios establecidos en el Convenio 169 de la OIT, principalmente, al carácter libre, previo, informado, culturalmente adecuado y de buena fe que deben prevalecer en toda la consulta. En particular preocupa la serie de amenazas, intimidaciones y hostigamientos que han sufrido integrantes de la comunidad zapoteca, específicamente quienes pertenecen a la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y a la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) quienes han hecho pública su posición crítica ante la manera en cómo se va desarrollando el proceso de consulta impulsado por el gobierno federal y el gobierno del estado de Oaxaca.

Hoy más que nunca se hace urgente la actuación efectiva, integral y bajo la obligación de respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos en el país. El Senado tiene la oportunidad histórica de trabajar por el bien común en el país, esto lo podrá hacer si y sólo si se compromete a la escucha y al trabajo en conjunto no sólo con la sociedad civil sino también con los colectivos de trabajadores y trabajadoras y las comunidades indígenas ejidales y de bienes comunales que son quienes detentan el desarrollo real y cotidiano de los derechos humanos en este país.

Muchísimas gracias a todos.


[1] http://www.sdpnoticias.com/nacional/2013/12/29/en-la-impunidad-el-93-de-los-delitos-en-mexico

[2] http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2015/3/19/jornaleros-quintin-piden-respeto-mujeres-demandas-495483.asp

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